Miercoles, 23 de Abril del 2025 
Partidos respaldan decisión del Gobierno de irse del Pacto. Ecuador, único caso pendiente en la CIJ.
Siguiendo el principio de que los límites entre los Estados deben fijarlos los propios Estados, y no una corte, fue que Colombia decidió retirarse del Pacto de Bogotá, que la ataba a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), la misma que la semana pasada le quitó al país una porción de su mar para entregársela a Nicaragua.
Esta decisión, que implica que transcurrido un año ya no podremos ser demandados por límites en ese tribunal, ni podremos demandar, fue comunicada el martes a la Organización de Estados Americanos (OEA) y oficializada ayer por el presidente Juan Manuel Santos y su canciller, María Ángela Holguín. Analistas la calificaron como una decisión “jurídicamente válida” y audaz que le permitiría a Colombia liberarse de “ataduras” que le impedían defender sus intereses.
“Los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones
territoriales y marítimas queden fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica de Colombia, y no en sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia”, afirmó Santos al anunciar la decisión.
Detalló que países como Noruega, Canadá, Australia y Nueva Zelanda comparten ese principio que, dijo, no implica que Colombia se separe de “procedimientos pacíficos” para arreglar las diferencias. Subrayó que denunciar el Pacto de Bogotá, suscrito en 1948 y ratificado dos décadas después, “no impide que Colombia acuda a todos los mecanismos y recursos que concede el derecho internacional para defender nuestros intereses y proteger los derechos de los colombianos”.
Para Ricardo Abello, profesor y experto en derecho internacional, la denuncia “es una posición jurídica válida en derecho internacional”.
Si bien la Corte puede mantener su competencia para determinados casos, pues Colombia ha suscrito y ratificado tratados sobre temas como drogas y sustancias sicotrópicas, esta movida de Colombia, agrega Abello, “frena la competencia de la Corte a nivel regional bajo una perspectiva general”.
Lo que el Gobierno busca con la salida del Pacto de Bogotá es evitar que se interpongan nuevas demandas que puedan lesionar el territorio nacional por cuenta de futuras pretensiones, como la de Nicaragua. No obstante, como lo establece el mismo tratado, podría ocurrir que en el año siguiente a su retiro la Corte conozca de nuevas causas en su contra. Y en todo caso, el retiro del Pacto de Bogotá tampoco libera a Colombia de causas ya iniciadas, como la que cursa a instancias de Ecuador.
“El tema tiene un sabor agridulce, pero tengo la sensación de que el Gobierno se va a jugar por una labor más activa y asertiva. La confianza absoluta en el derecho internacional se está rompiendo, para jugar con mayor riesgo y audacia, lo que podría resultar a la postre en una política exterior y de áreas marinas mucho más sofisticada de la que hemos tenido hasta ahora”, afirma el historiador Enrique Serrano.
Al confirmar la denuncia del Pacto, la canciller Holguín recordó que, seis décadas después de suscrito el tratado, “menos de la mitad de los países del hemisferio son partes” del mismo, al tiempo que formuló duras críticas al fallo de la CIJ que le quitó mar al país.
“Colombia considera que el fallo contiene vacíos e inconsistencias en la delimitación realizada y que, no obstante, mencionar el principio de la equidad llevó a cabo una delimitación inequitativa. La sentencia debió ceñirse al derecho internacional y respetar la intangibilidad de los tratados en cuanto acuerdo de voluntades válidos y vinculantes”, añadió la ministra.
Sostuvo que, a juicio del Gobierno, “la Corte hizo caso omiso de los derechos de los colombianos que habitan en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desconoció la importancia vital del acceso a los recursos naturales y dio la espalda a los imperativos del manejo ambiental equilibrado en esta sensible área del Caribe”.
Inclusive, algunos críticos de la posición que hasta ahora había asumido Colombia, como el internacionalista Jaime Pinzón López,
calificaron la decisión del Gobierno como “acertada”.
El analista Vicente Torrijos calificó la movida de Colombia como “un acto liberador y un cambio de actitud que va a llevar a que Colombia confíe más en la diplomacia”.
También confirmó que Colombia examina la relación que pueda seguir ligando al país con la Corte de La Haya, por vía de otros tratados.
“Esta decisión va de la mano del siguiente paso que, a mi juicio, debería ser desconocer el fallo -sin necesidad de decirlo-, con el fin de, si fuera del caso, ir al Consejo de Seguridad de la ONU para iniciar negociaciones en el juego de alianzas y balances de poder”, agregó el académico.
La decisión del Gobierno de denunciar el Pacto de Bogotá recibió el respaldo de diversos sectores políticos. Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, la calificó como “una decisión valiente, oportuna y necesaria para que no sigamos perdiendo nuestro mar continental o nuestro territorio”.
Y la senadora del Mira Alexandra Moreno dijo que “Colombia debe liderar una campaña con países como Chile, Panamá, Costa Rica y Honduras” para retirarse todos del Pacto de Bogotá y que la Corte mire a América Latina “con respeto”. Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador, dijo que la decisión del Gobierno “es un acto de responsabilidad con Colombia”.
