Via Web se estan radicando 2.192 solicitudes mineras.

En su primera jornada, y después de 27 meses del cierre de la ventanilla de recepción de propuestas de contratos de concesión minera, ayer el nuevo radicador web dispuesto por la Agencia Nacional de Minería (ANM), registró 2.192 solicitudes.

Eso quiere decir que en sus primeras nueve horas de funcionamiento (de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.), la plataforma recibió en promedio 243 por hora y cuatro por minuto. Los datos correspondientes a Antioquia, una de las regiones de mayor actividad minera del país, se conocerán hoy.

Pero la cifra nacional ya es un indicador de la sed de exploración de inversionistas nacionales y extranjeros por obtener títulos mineros para llevar a cabo exploración del subsuelo colombiano.

Esto se da luego de que en febrero de 2011 se congeló el registro para evacuar 19.629 solicitudes represada, después de que las autoridades advirtieran la especulación con títulos mineros que obtenían a granel varias personas naturales con fines de reventa.

En las primeras cuatro horas de abierto el radicador web en la página www.anm.gov.co, la autoridad minera registraba más de 2.000 solicitudes, proceso auditado por la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía.

“Este proceso da transparencia al sector minero con un componente adicional: a partir de ahora el estudio de solicitudes mineras es más riguroso con la normativa expedida recientemente por el Gobierno Nacional”, explicó ayer la presidenta de la ANM, María Constanza García Botero.

No obstante, aún hay confusión en el país frente a los sitios que están excluidos de cualquier actividad minera.

Entre tanto, ayer el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, destacó la expedición de la resolución 725 de 2013 que da vía libre al principio de precaución ambiental, “para establecer reservas de recursos naturales temporales excluibles dentro del Catastro Minero en la entrega de títulos”.

La medida también fue firmada por el ministro de Minas, Federico Renjifo, quien dijo ayer a Colprensa que se tiene un año para “definir, de una vez por todas, dónde puede haber o no minería, lo que a su vez busca brindarles seguridad jurídica a los inversionistas del sector”.