Casi diez meses después de que la Corte Internacional de Justicia le quitará 75.000 kilómetros de mar en el archipiélago de San Andrés, el presidente Juan Manuel Santos reveló la estrategia del gobierno para enfrentar las consecuencias del adverso fallo de La Haya. El mandatario colombiano aseguró que el fallo es “inaplicable”.
A esa conclusión llegó el gobierno colombiano luego de haber consultado la opinión de expertos en derecho internacional que analizaron las consecuencias del fallo y le trasladaron al gobierno seis recomendaciones.
Fueron cuatro puntos que expuso el presidente: 1. Fallo no es aplicable sin un tratado. 2. Se consolida el archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral. 3. Avance en la protección ambiental y social de la Reserva Seaflower. 4. Se frenan las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta Cartagena.
El presidente Santos se refirió al artículo 101 de Constitución para defender su decisión. “Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”.
Ante eso Santos dijo: “El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable –no es y no será aplicable– hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”.
Colombia defenderá esta posición en las instancias nacionales e internacionales que corresponda. Anunció que leerá una carta en su visita a la ONU en Nueva York (Estados Unidos). Esta tendría el beneplácito de varios países, entre ellos Jamaica, Costa Rica y Panamá. Allí se denunciará lo que el mandatario calificó de “ambiciones expansionistas”, del gobierno de Nicaragua.
También quedó claro que el Gobierno va a demandar el llamado Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional. Santos explicó que lo hará para que se reafirme la tesis de que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de la Haya.
Pero la declaración que más causó cuidado fue cuando dijo que como marino y ministro defendió esa zona del país y anunció que lo va a proteger como presidente, “hasta las últimas consecuencias”.
Otra de las decisiones es que el Estado colombiano va a ejercer “jurisdicción y control en la Zona Contigua Integral en todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias, entre otros aspectos”.
Informacion Semana.com