La Procuraduría lo inhabilitó por 12 años por permitir el descalabro de la comisionista.
También fueron cobijados con la misma decisión Diego Mauricio Herrera, exsuperintendente delegado de Riesgos del Mercado, y Rosita Esther Barrios Figueroa, en su condición de Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos.
Tras analizar un “vasto caudal probatorio” el Ministerio Público encontró que la Superintendencia Financiera no adoptó ninguna medida preventiva para proteger a los accionistas que confiaban en que había un respaldo con excelente valorización.
En este caso, el Ministerio Público dijo que la Superintendencia Financiera no adoptó ninguna medida preventiva para proteger a los accionistas que confiaban en que había un respaldo con excelente valorización. De igual manera, Ordóñez sostuvo que en una reunión, que se produjo el 18 de junio de 2012, los funcionarios de la Superintendencia hicieron una presentación contundente sobre la situación de la comisionista, pero Hernández hizo caso omiso para favorecer a Interbolsa.
En la investigación, que llevó a cabo la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, analizó con técnicos financieros las operaciones llevadas a cabo por la comisionista hoy en liquidación, entre ellas los repos con acciones de Fabricato que fueron sobrevaloradas y el debate de control político que se hizo el Congreso sobre el caso.
También analizó de la actuación de la Superintendencia y verificó la forma como reaccionó y tomó medidas en relación con los datos provenientes del mercado de valores y que podrían señalar la presencia de presuntas irregularidades por parte de la Comisionista de Bolsa Interbolsa y sus clientes en relación con las sanas prácticas del mercado.
Según el Ministerio Público para 2012 la Superintendencia tenía probado que no existía lógica para el aumento excesivo precio de las acciones de Fabricato.
Recordó la Procuraduría que para 2011, “la Superintendencia Financiera de Colombia movida por cambio sin precedentes de Fabricato inicio un seguimiento con el fin de verificar la posible manipulación acciones”.
En consecuencia, la Procuraduría en 6 diciembre 2012 asumió única instancia el conocimiento de la actuación disciplinaria por los hechos y ordenó la apertura de la investigación disciplinaria. Para el 4 de junio pasado, encontró que algunos funcionarios superintendencia financiera habrían faltado a función de prevención ante el conocimiento de hechos contundentes no se aplicaron las medidas preventivas de la Ley 962, destinado a evitar o aminorar la afectación al normal desarrollo del mercado valores y la confianza pública.
Por la falta al deber prevención frente irregularidades de los préstamos a los amigos de Alessandro Corridori por parte de Interbolsa, el Ministerio Público formuló pliego de cargos y se escuchó en versión libre a los implicados.
“La causa de su iliquidez, que ocasionó la vulneración mercado valores, tiene su génesis en la condición de privilegio que ostentaba la comisionista en el mercado de valores y Alessandro Corridori lideraba unas empresas de grupo de amigos cuya labor concentraba la labor operativa de dichas operaciones que configuró lo que la propia compañía llamó ‘Operación Fabricato’ casi de iliquidez”.
“Debido a la falta de capital para un negocio de tales proporciones era preciso involucrar recursos de colombianos de buena fe”, dijo Ordoñez.
“Corridori puso en marcha el plan para aumentar artificialmente el precio de Fabricato. El aumento se reflejaría en la futura venta de la textilera y se determinó el monto del dinero recibido por cada operación. El efecto durante 2011 se evidencio alto número de operaciones del grupo de amigos donde venden y compran acciones a precios superiores. El fruto fue que Fabricato fue la acción más valorizada seguida por Éxito y Ecopetrol”, recordó el Procurador.
La Procuraduría dijo que la comisionista trató de cambiar el perfil para posponer operaciones, sin embargo, todas las maniobras afectaron las operaciones financieras que terminaron por dejar a la comisionista sin liquidez alguna.
“Los compradores no recibirán ninguna contraprestación por las acciones ni hoy ni en el futuro. La Superintendencia y su deber de control al sistema financiero, debió ver todas las anteriores situaciones pero en particular la confianza al mercado de valores. Tenía la obligación de salvaguardar recursos de los inversionistas”, señaló el Ministerio Público.
Informacion Eltiempo.com