Domingo, 6 de Abril del 2025 
Las mismas dos firmas que amenazaron con parar obras en la ampliación del Canal de Panamá, como mayores accionistas del consorcio constructor y alegando sobrecostos, resulta que se encuentran precalificadas para intentar quedarse con seis de las nueve concesiones del megaproyecto Autopistas de la Prosperidad.
Aunque se trata de dos obras de infraestructura de naturaleza muy distinta, de todas maneras despierta temores entre los antioqueños que exista la mínima posibilidad de que se pueda ver truncado el ansiado sueño de contar, de una buena vez, con las vías que impulsen la competitividad y desarrollo de la región y buena parte del país.
Hay que tener en cuenta que el Canal es una obra pública contratada con recursos del gobierno panameño. Su costo total asciende a 5.250 millones de dólares (unos 10 billones de pesos) y comenzó obras en septiembre de 2007.
Ese monto incluye el contrato para construir las nuevas esclusas con un valor de 3.118 millones de dólares y que se ganó el consorcio Grupo Unidos por el Canal (Gupc), compuesto por la española Sacyr Vallehermoso (48 por ciento), la italiana Impregilo (48), la belga Jan de Nul (3) y la panameña Cusa (1).
En el caso de las Autopistas, parte de la treintena de proyectos viales de cuarta generación (4G), se trata de concesiones en que los adjudicatarios corren con todos los gastos y riesgos para su construcción, operación y mantenimiento.
A cambio, una vez se reciben las obras a satisfacción, podrán usufructuarlas y recibirán unas retribuciones, que incluyen peajes, acorde a las condiciones establecidas en el contrato de concesión.
En todo caso, no deja de ser inquietante que la ibérica Sacyr haya quedado precalificada para licitar en cinco tramos que se concesionarán de Autopistas e implican inversiones totales de 7,51 billones de pesos: Magdalena 1 y 2, así como Pacífico 1, 2 y 3. A eso sumó su intención fallida de precalificar en la concesión Autopista al Mar 2, bajo la figura del consorcio EP SAS 4G.
Su socia en Panamá, Impregilo, ahora es competencia en terreno antioqueño en la puja por la concesión Pacífico 3 y precalificó en la Conexión Norte. Ambas tendrían obras que ascienden a 2,14 billones de pesos, según los datos de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- (ver gráfico).
Entre tanto, ayer en la tarde el consorcio Gupc estaba en otra tónica frente a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), supervisor de las obras, para poder continuar adelante con la construcción de las esclusas, luego de los buenos oficios la ministra española de Fomento, Ana Pastor.
Al insistir en que hay sobrecostos de 1.600 millones de dólares, el consorcio, liderado por Sacyr, propuso a la ACP que está dispuesto a hacer un aporte propio de 100 millones de dólares, como “solución definitiva”.
A cambio, el Gupc solicita que le otorguen un adelanto de 400 millones de dólares y le amplíen la moratoria por un anticipo anterior, a fin de evitar la paralización de obra este mes, informó la agencia EFE.
Proyectos bien formulados
Con ese antecedente, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar durante el fin de semana enviando alertas al Ministerio de Transporte y de la ANI frente a los proyectos 4G que tienen una inversión cercana a los 50 billones de pesos.
De forma coincidente con las primeras alertas por el conflicto de Sacyr e Impregilo en Panamá, la ANI salió al paso aclarando que procesos de contratación de vías como las Autopistas de la Prosperidad se estructuraron para asegurarse de que los consorcios ganadores tengan la capacidad técnica, administrativa y financiera para garantizar la culminación de las obras según lo estipulado.
En ese sentido, el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, reiteró ayer que durante la construcción, el contratista asume plenamente el riesgo, y se le exige que sus accionistas efectúen un aporte de capital propio en efectivo superior al 20 por ciento de la inversión estimada, como condición previa al inicio de las obras.
En todo caso, aclara la ANI, si el consorcio contratista incumple y no termina las obras, no solo se queda sin retribución, sino que será sancionado, según el contrato y lo planteado en la Ley.
Eso va desde inhabilidades para contratar de nuevo con el Estado, pasando por la ejecución de una garantía de cumplimiento, equivalente al 15 por ciento del valor del contrato, hasta la liquidación del mismo.
Esperando a que las explicaciones oficiales se cumplan en el futuro, no sobra que el Gobierno monitoree con lupa lo que ocurra con Sacyr y su socio Impregilo, en cuanto a los impactos financieros que tengan los imprevistos y sobrecostos de ahora, y que puedan surgir más adelante, teniendo en cuenta que están precalificados en varios tramos de Autopistas.
En ese sentido, este diario se intentó comunicar sin éxito con las filiales de ambas constructoras en Colombia.
Impregilo no responde en los teléfonos disponibles en documentación remitida a la ANI, y disponible en su página web, tampoco hubo respuesta a un correo electrónico enviado. Por el lado de Sacyr, el único autorizado a dar información, su representante en Colombia, Leopoldo Pellón, sigue de vacaciones.
