Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Estar tras las rejas en colombia se ha convertido, como la novela del Nobel Gabriel García Márquez, en una crónica de muerte anunciada, y así lo demuestra el incendio de esta semana en la cárcel Modelo de Barranquilla que le costó la vida a diez reclusos y heridas a 42 más (Lea aquí: A diez ascendió el número de muertos por incendio en cárcel Modelo de Barranquilla).
La precaria situación de los presos en Colombia se manifiesta en problemas de hacinamiento, insalubridad y riñas, una situación similar a la que se vive en las cárceles de otros países latinoamericanos.
Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) publicadas en mayo pasado, el índice de hacinamiento en las cárceles del país era del 55,2 por ciento, superando en 41.802 internos la capacidad del Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional e Internacional (Eron).
A pesar de que las cárceles de carácter nacional del país tienen capacidad para albergar a 76.066 presos, actualmente hay 120.387 reclusos que copan la capacidad del sistema penitenciario, una situación que es motivo de constantes llamadas de atención de instituciones que velan por los derechos humanos.
“Actualmente el hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3 por ciento, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país, y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400 por ciento”, explicó el titular de la Defensoría del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.
Según el Inpec en su informe estadístico del segundo semestre del 2013, al cierre del año no se habían creado nuevos establecimientos de reclusión de orden nacional para mitigar la crisis causada por la deficiente capacidad del sistema.
A ese problema se suma el hecho de que cada mes llegan a las cárceles colombianas cerca de 3.000 presos y tan solo el 10 por ciento de los reclusos sale en libertad, lo que genera un creciente desequilibrio en el sistema penitenciario.
Otálora dijo a la agencia de noticias Efe que para mitigar esta situación, más que una ley “se necesita reformar el sistema acusatorio, planear y construir nuevos centros carcelarios y penitenciarios, generar nuevos cupos en los centros existentes y construir una política estructural, no medidas aisladas”.
De no tomarse estas medidas correctivas el sistema colapsaría, y más cuando en las cerca de 138 cárceles colombianas administradas por la Nación hay graves problemas de salud.
Hepatitis, sarampión, tuberculosis y trastornos mentales son tan solo algunas de las enfermedades comunes entre los presos del país, 600 de los cuales están en estado terminal, según la Defensoría del Pueblo.
Según Otálora, la única Empresa Prestadora de Servicios (EPS) de salud que atiende a los presos “es una de las más quebradas y las demás no quieren hacerlo por que no les resulta rentable”.
A las advertencias sobre la crisis carcelaria se sumó el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien consideró “inexplicables” muchos hechos que ocurren en las cárceles del país y pidió mayor atención de los organismos de control.
También el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, se sumó al debate mediante una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos en la que afirma que la situación actual “pone en evidencia la gravísima crisis humanitaria que sufren más de 120.000 personas recluidas en las cárceles del país”.
Según Robledo, “las cárceles colombianas están operando como una especie de centros de tortura”.
Los diez muertos y las decenas de heridos que dejó el incendio de la cárcel en Barranquilla, según el Inpec provocado por los mismos reclusos en protesta por una operación de registro de los agentes penitenciarios, reflejan en parte el desespero de los reclusos del país que, según Otálora, puede terminar “en graves catástrofes y pérdidas humanas”.
Elcolombiano.
