La petición del procurador Alejandro Ordóñez a la Corte Constitucional, para que declare inexequible la Ley Estatutaria de la salud, aprobada en junio del año pasado, generó inquietud entre las organizaciones de pacientes, que consideran que la eventual caída de la norma haría que la salud deje de ser un derecho fundamental.

Gustavo Adolfo Campillo, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa), explicó que es posible que la Procuraduría pueda tener pruebas que logren demostrar los vicios de trámite que argumenta en su solicitud a la Corte, pero señaló que persiste un interrogante.

“¿Qué puede haber en el fondo de todo este asunto? La respuesta que encontramos es que es muy conveniente para el Estado que el derecho a la salud no alcance el grado de derecho fundamental, porque esto tiene implicaciones desde el ámbito de la protección por vía judicial de este derecho y a su vez tiene implicaciones en la garantía del acceso a los servicios de salud”, declaró el médico Campillo.

Adicionalmente, el dirigente recordó que la Ley Estatutaria fue radicada por el Gobierno, en cabeza del ministro de Salud Alejandro Gaviria, “con cierto grado de desidia en razón a que fue casi una situación originada por buscar un paliativo a la movilidad social y a las órdenes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, pero no por el convencimiento del mismo Gobierno”.

En igual sentido se pronunció Luis Alberto Martínez, director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquía (Aesa), quien aseguró que la iniciativa de Ley Estatutaria fue improvisada, producto de unos principios generales que habían trabajado organizaciones médicas, bajo el nombre de la Junta Médica y del ánimo protagónico del senador Roy Barreras.

“Esta iniciativa se radicó conjuntamente con el Proyecto de Ley Ordinaria el 19 de marzo de 2013 y tan improvisado y aparatoso fue su trámite, que el presidente Juan Manuel Santos le dio mensaje de urgencia a la propuesta de Ley Estatutaria, pero el desgaste y la energía por parte del ministro Gaviria recayó sobre el proyecto de Ley Ordinaria. Qué incoherencia”, dijo Martínez.

Para el director de Aesa, cuando el Gobierno quiso acelerar el debate y concentrarse en la Ley Estatutaria, se vio cogido del día y usó las presiones políticas de los senadores.

Otras miradas
Andrés Aguirre Martínez, director del hospital Pablo Tobón Uribe, afirmó que la nueva discusión es intrascendente, pues con o sin Ley Estatutaria el problema de la salud sigue sin soluciones de fondo. “Lo importante es la Ley Ordinaria, porque un derecho que no tiene cómo llevarse a la práctica es un pobre derecho. El ejemplo es simple, ¿para qué el marco de un cuadro sin pintura dentro? Arreglemos la pintura y luego cuadremos el marco”.

Para Aguirre lo más preocupante es que la solicitud de la Procuraduría a la Corte se vuelva una cortina de humo. “Vamos a terminar resolviendo el problema que no es, la discusión volverá al Congreso y tendremos un debate de lo que no es importante y eso es un error gravísimo”.

Por su parte Jaime Arias, presidente de Acemi, prefiere mantener el perfil neutral del gremio frente a esa discusión. “Recuerdo que el trámite de esa iniciativa no fue tranquilo y puede que el procurador tenga razón, por lo que habrá que esperar que dice la Corte y es posible que salga una mejor norma”.

Elcolombiano