Proceso de paz con las Farc debe llevar a un cierre jurídico para todos los actores del conflicto

El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró durante su intervención en el foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario que el proceso de paz con las Farc debe llevar a “un cierre jurídico para todos los actores del conflicto, una vez se hayan hecho todas las investigaciones y se hayan cumplido todas las sentencias”. (Especial multimedia: todas las intervenciones del foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario sobre el proceso de paz).

Aseguró que no se trata de una ley de punto final, sino que una vez se surtan todas las instancias jurídicas, todos los hechos y protagonistas del conflicto deben pasar a una instancia de “cosa juzgada”. (Lea también: ‘Farc deben entregar toda su riqueza y pagar cárcel por sus delitos’: Procurador).

Para esto, el Fiscal sugirió aplicar modelos de justicia transicional que han resultado exitosos en tribunales de otras partes del mundo, donde los crímenes y delitos de lesa humanidad no se juzgan como actos del individuo sino de todo un grupo armado. Con esto, se evitaría la impunidad y se podrían aplicar las suspensiones de la pena para los combatientes de base. (Lea también: Clara López dice no temerle a la competencia electoral de las Farc).

Otra herramienta propuesta por Montealegre fue la de aplicar la doble imputación, que es atribuir los crímenes de guerra, primero a la organización, para luego sí esclarecer las responsabilidades individuales, lo que permitiría “un juzgamiento universal” de todas las acciones de la guerrilla de cara a una justicia total. (Lea también: ‘Deberían ser claros y explícitos en que Farc dejarán armas’: Alfredo Rangel).

 El alto funcionario señaló que hay herramientas que también se podrían aplicar para los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares durante el conflicto. En ese sentido, “entrarían en el marco de la justicia transicional los delitos que se hayan cometido con relación del conflicto armado”. (Lea también: ‘Vamos a sacar ilegalidad que se ha enquistado en el campo’: Jaramillo).

Montealegre señaló, sin embargo, que “no podrían entrar en la justicia transicional los llamados ‘falsos positivos’, porque si bien fueron cometidos durante el conflicto, no tienen relación con él. Pero una cosa es un ‘falso positivo’ y otra los posibles excesos en bajas en combate, o el ejercicio excesivo de la fuerza, que sí estarían amparadas”.​ (Lea también: Farc no pueden excusarse en responsabilidad de otros, dice De la Calle).

 El Fiscal dijo que debe haber un tratamiento diferenciado para los guerrilleros y los militares que hayan cometido delitos. En el caso de los uniformados, se podría pensar en condenas donde exista “una combinación entre pena privativa de la libertad y una de carácter alternativo, con prisión abierta y arrestos domiciliarios o de fin de semana, algo más atrevido que lo que hay ahora”.

Además agregó que para los militares no se podría aplicar el concepto de atribuir los delitos a toda la organización, sino que tendría que haber investigación individual, “porque los excesos no forman parte del engranaje de un aparato organizado al margen de la ley”.

El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, advirtió a su turno en el foro que la Corte Constitucional en dos sentencias ha establecido 25 mínimos que deben ser considerados como inamovibles a la hora de discutir el fin de conflicto con las Farc. (Lea también: Apurar el proceso de paz, piden los líderes del país).

Uno de los que más llamó la atención tiene que ver con la entrega de “la riqueza acumulada por las Farc” a raíz del despojo y de sus relaciones con el narcotráfico. “Sin entrega de sus dineros guardados no hay justicia transicional”, dijo el Procurador.

Ordóñez aseguró que las Farc son el primer grupo económico del país que ha acumulado todas sus riquezas producto de actividades ilícitas. “Que reparen con los dineros obtenidos ilícitamente”.

Y en tono de crítico dijo que el Gobierno no solo debió ir a Europa a pedir recursos, sino que debió pasar por La Habana para recaudar dineros que se invertirán en la reparación de las víctimas.

En cuanto a las penas, el Procurador insistió en que los cabecillas del grupo guerrillero deben pagar con cárcel por sus actos o de lo contrario se le estaría abriendo la puerta a una intervención de la Corte Penal Internacional.

 Finalmente, criticó al jefe negociador Humberto de la Calle Lombana, quien en su intervención propuso discutir los alcances del delito político.