Miercoles, 9 de Abril del 2025 
La Rama Judicial está en alerta por una grave denuncia que fue radicada ayer miércoles por varios jueces del país. Aseguran que dos hombres están ofreciendo el cuestionario que tendrán que resolver este fin de semana los aspirantes a la prueba, convocada por el Consejo Superior de la Judicatura para ocupar las vacantes de jueces y magistrados en todo el país.
El cuestionario fue elaborado por la Universidad de Pamplona (Norte de Santander), contratada para este fin por la Judicatura.
EL TIEMPO estableció que la rama evalúa si la denuncia amerita que se suspenda de manera inmediata la convocatoria. La decisión se sabrá en las próximas horas.
“Las denuncias sobre el tema vienen firmadas con nombre propio y, a pesar de que la prueba está muy encima, amerita que se investigue”, le aseguró a EL TIEMPO María del Pilar Arango, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, quien también conoce la denuncia.
Aunque jueces de varias partes le confirmaron a reporteros la anomalía, la principal denuncia viene de Samaniego (Nariño) en donde varios togados incluso identificaron a las personas que están vendiendo las preguntas.
“El primero de diciembre un hombre que se identificó como Eduardo llamó a varios funcionarios de los juzgados de Samaniego, cuatro en la cabecera municipal y nueve en el circuito, y dijo que les mandaba ofrecer las preguntas para las pruebas del fin de semana”, le confirmó a EL TIEMPO Martha Calvache, juez del municipio.
Y agregó que por las preguntas y respuestas del cuestionario para examen de empleado de juzgado el hombre pedía 8 millones de pesos y para el de juez, el doble del salario de un togado: es decir, cerca de 10 millones de pesos.
“Todos nos reunimos y coordinamos un oficio que enviamos a la Judicatura y en el documento está el celular del hombre. Sabemos que el CTI está investigando”, señaló la juez.
EL TIEMPO ha intentado contactar a Elio Serrano, rector de la Universidad de Pamplona, donde se elaboraron las pruebas, pero en su oficina informaron que se encontraba en el Ministerio de Educación y que la secretaria general tampoco podía atender el caso en este momento.
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