Martes, 8 de Abril del 2025 
El Departamento de Planeación Distrital de Cartagena tiene un plazo de 40 días para determinar si puede construirse o no un edificio residencial de 35 pisos en el prestigioso sector de Bocagrande, un proyecto que mantiene enredados en una dura polémica a los vecinos del sector, una empresa constructora y a la misma Alcaldía.
“Si se construye el edificio, sería la punta del iceberg para que la zona se convierta en un complejo de cemento que impida la visibilidad hacia la Ciudad Amurallada, una vez sea trasladada la Armada; pero si se echa atrás la obra, en favor de los cartageneros, se dejaría un precedente para que la zona sea declarada como un corredor verde y por fin se destrabe la movilidad de Bocagrande hacia el Centro Histórico”, sostiene Joaquín Torres, abogado de Asobocala, la Asociación de vecinos de Bocagrande y el Laguito que se opone a la obra.
El proyecto ya ha dado sus primeros pasos concretos.
La Curaduría Urbana Número 2 aprobó el pasado 3 de diciembre la licencia de construcción a la firma constructora Interla S.A.S para la demolición de una casa y posterior construcción de un edificio de 35 pisos, destinado para apartamentos, en un privilegiado predio ubicado en el ala occidental de la Base Naval y al lado de la bahía de Cartagena.
Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), del 2001, determina que el sector donde se levantaría el edificio está definido como de uso ‘Institucional 3’ y allí, como en todo el terreno que hoy ocupa la Base Naval, se prohíben las construcciones para vivienda.
Solo se permiten edificaciones para actividades turísticas y comerciales pero no residenciales. Sin embargo, en el año 2005, la misma Secretaría de Planeación de Cartagena mediante un concepto técnico, que fue solicitado por los mismos propietarios del polémico predio, elevó la categoría a ‘Mixto 2’, lo que faculta a sus propietarios a hacer uso para actividades habitacionales, según especifica en la licencia de construcción.
Torres, sin embargo, cuestionó la decisión de Planeación al señalar que “la autoridad facultada para modificar el POT es el Concejo Distrital.
Planeación Distrital está facultada solamente para interpretar irregularidades y, mediante una circular, solicitar al Concejo las modificaciones; pero para este caso falló a favor de un particular”.
Ahora, las partes están a la espera de la decisión que tome la dependencia distrital.
Por otro lado, la Dirección Nacional Marítima, Dimar, cuenta con un estudio oceanográfico del año 2012, realizado por expertos, que concluye que el lote en disputa es terreno de bajamar.
De hecho, en el pasado mes de diciembre, cuando la marea subió, la zona sufrió inundaciones.
