Dos días después de que el Invías caducó el contrato del túnel de La Línea por incumplimientos de los contratistas, la Procuraduría General de la Nación llamó la atención al director de ese Instituto, Carlos García, sobre cómo se llevó a cabo el procedimiento para terminar con dicha contratación.

En un oficio, firmado por Fanny González, procuradora delegada para la Vigilancia de la Función Pública, el Ministerio Público hizo observaciones sobre el cumplimiento del debido proceso.

“Se recomienda a la entidad pública que, previo a decidir el recurso interpuesto, se otorgue todas las garantías constitucionales y legales tendientes a evitar posible vulneración del derecho a la defensa y contradicción del contratista”, señaló en una comunicación.

De esta manera, el Ministerio Público recomendó al Invías que revise “con detenimiento” si en el proceso “se practicaron o incorporaron, según el caso, todas y cada una de las pruebas aportadas o solicitadas por las partes”.

Recordó, además, que en cada una de las decisiones que tomó en el tema de práctica de prueba “deben obedecer a un análisis objetivo” y se deben sustentar jurídicamente.

El Ministerio Público, también, le recomendó al Invías que le dé más plazo a los contratistas sancionados para que sustenten el recurso de apelación, “teniendo en cuenta la complejidad del debate jurídico y las posibles implicaciones que conlleva”.

El pasado miércoles, el Invías caducó el contrato del túnel de la Línea que había sido otorgado a la Unión Temporal Segundo Centenario, encabezada por el constructor Carlos Collins.

De igual manera, se le impuso una multa de 60.300 millones de pesos, correspondiente a la cláusula penal del contrato. Además, las firmas que conforman el consorcio quedaron inhabilitadas para contratar con el Estado.

Por su parte, la ministra de Transporte, Natalia Abello, dijo que ni una sola obra del túnel está terminada y que faltan unos 400.000 millones de pesos para terminarla en su totalidad.

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