El acuerdo sellado este viernes entre la Fiscalía y Andrés Fernando Sepúlveda, señalado de intentar afectar el proceso de paz con las Farc, será clave para que los investigadores lleven ante los jueces a varias personas que tuvieron nexos con el hacker y que, según el ente acusador, financiaron sus actividades ilegales.
Sepúlveda, quien permanece detenido en el búnker y no se presentó en la audiencia, argumentando razones de seguridad, logró reducir a la mitad la pena a la que podía ser condenado en caso de ser encontrado responsable de los delitos de concierto para delinquir, espionaje, violación de datos personales y uso de software malicioso.
Con ese acuerdo, avalado por el juez 22 de Bogotá, la Fiscalía garantiza que Sepúlveda testifique en los procesos contra los demás implicados y entregue información documental sobre sus actividades para intentar afectar el proceso de La Habana. Su testimonio y el del hacker ecuatoriano Daniel Bajaña, cuyo acuerdo será presentado ante otro juez el próximo 23 de febrero, se convierten en la columna vertebral de la acusación, en la que trabaja la Fiscalía contra otras 13 personas, entre civiles y uniformados, que aparecen en la investigación.
Fuentes oficiales manifestaron que la próxima semana se empezarán a legalizar ante jueces las últimas evidencias entregadas por Sepúlveda, en las cuales se incluyen correos electrónicos, mensajes de texto y documentos en los que compromete a varias personas con sus actividades ilegales.
Sepúlveda debutará como testigo en los juicios contra los cabos del Ejército Luis Humberto Moreno y Carlos Alberto Betancourt, el patrullero de la Sijín de la Policía Ignacio David Parra Amín y el asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia Wilson Leonardo Torres. Todos ellos fueron capturados en octubre del año pasado, bajo cargos de traficar con información privilegiada de inteligencia.
La Fiscalía sostiene, con base en el testimonio de Sepúlveda, que esas personas se movían en un mercado negro de inteligencia en el que secretos de seguridad nacional se vendían al mejor postor.
Todos acaban de ser acusados por la Fiscalía, y en un par de meses se iniciará formalmente el juicio en su contra.
Los investigadores trabajan también en una nueva imputación de cargos, que terminaría por enredar a los uniformados encargados de la fachada militar Andrómeda y que, de acuerdo con Sepúlveda, también le entregaron información a cambio de dinero.
Por ese caso, a comienzos del año la Inspección General de las Fuerzas Militares relevó de sus cargos a 20 uniformados y desvinculó del servicio activo a cinco.
Sepúlveda también ha declarado sobre el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su gerente de campaña, David Zuluaga, quienes ya fueron escuchados en interrogatorio sobre sus nexos con el hacker. El ‘asesor espiritual’ Luis Alfonso Hoyos, también citado a declarar, declinó el derecho a hacerlo y desde diciembre permanece en Estados Unidos.
Ahora la Fiscalía tendrá que contrastar las declaraciones del pirata cibernético y las explicaciones de los interrogados, para definir si hay elementos de juicio para llevarlos ante los jueces o si cierra definitivamente la investigación en su contra.
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