Este viernes en la noche, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en contra del fundador de la Universidad, Mariano Alvear Sofán, y los exdirectivos Juan Carlos Mahecha Cárdenas y Ricardo Caballero Calderón en audiencia que se cumplió en Girardot (Cundinamarca).

En el caso de Alvear, el juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel por “padecer enfermedad grave y por dignidad humana”.

Mientras que para Mahecha y Caballero ordenó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El juez Alexánder Caballero se tomó cuatro horas para anunciar si avalaba la solicitud de la Fiscalía, que fue respaldada por la Procuraduría, para que los investigados por el millonario desfalco fueran asegurados porque había riesgo de que no comparecieran al proceso y se pudiera afectar la acción de la justicia. Igualmente, el fiscal del caso señaló que por la gravedad de los delitos cometidos y por la pena a la que se exponen –hasta 15 años de cárcel–, todos los procesados debían ser cobijados por medida de aseguramiento.

Ninguno de los tres aceptó los cargos de fraude procesal, falsedad material, estafa masiva, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, imputados por la Fiscalía.

Destinos tan disímiles como India, Luxemburgo, Taiwán, Corea del Norte, México, Islas Caimán, Estados Unidos, Alemania, Panamá y Rusia aparecen, en el papel, como destino de casi un billón de pesos de la plata de la Universidad San Martín que fue desviada ilegalmente por las cabezas de esa institución.

Ese fue uno de los cargos que hizo la Fiscalía este viernes, durante la imputación de cargos contra Alvear, Mahecha y Caballero.

Lo que creen los investigadores es que buena parte de la plata nunca salió del país, sino que se trató de movimientos ficticios para esconder tales recursos. Eso explicaría los supuestos negocios con Corea del Norte, uno de los últimos enclaves del comunismo y cuyo régimen es de los más cerrados del mundo.

Por tratarse de una fundación, se supone que los dineros manejados por la San Martín no pueden ir a los bolsillos de nadie, sino que deben reinvertirse en la educación de sus estudiantes. La hipótesis de la Fiscalía es que, en cumplimiento de una estrategia coordinada por Alvear Sofán, esa plata se movió con el propósito de burlar las restricciones sobre las fundaciones educativas y para evitar el pago de préstamos bancarios, acreencias laborales y hasta impuestos.

“Hay movimientos financieros que evidencian que el grupo quería a toda costa incumplir con el pago de esas obligaciones, y por eso buscaron desfinanciar sus empresas y ocultar sus bienes”, afirmaron fuentes del caso.

En esa estrategia fue clave el Fondo para el Fomento de la Educación, que habría usado como plataforma para las multimillonarias operaciones. Ese fondo aparece comprando propiedades de la San Martín sobre las que pesaban embargos judiciales que fueron levantados con trampas. Ya hay documentados negocios de este tipo sobre bienes avaluados en 17.000 millones de pesos.

La Fiscalía avanza en un proceso de extinción de dominio que ha tenido colaboración de autoridades de tres países, y que en las próximas semanas dará lugar a la ocupación de propiedades y cuentas de Alvear Sofán y varias de sus fichas en la San Martín.

La investigación se extiende a varios de los familiares de Alvear Sofán que aparecen como representantes legales de varias de las empresas por las que habrían pasado los recursos que, según la Fiscalía, fueron desviados y con los que se compraron millonarios bienes.

Mahecha, enredado en otra firma del clan

Juan Carlos Mahecha Cárdenas, uno de los enredados por las irregularidades en la San Martín, además de ser el vicepresidente jurídico de la Universidad también aparece como uno de los representantes de las empresas fachada que se habrían usado para desviar el dinero pagado por los estudiantes.

Mahecha Cárdenas, según los registros de Cámara de Comercio, es el representante legal de la empresa C. I. Gloma, que, de acuerdo con los investigadores, hace parte del emporio empresarial de los Alvear Sofán.

Esa empresa, en el papel, se dedica a ofrecer por outsourcing servicios de salud y educación a terceros, lo mismo que a hacer páginas web, asesorías en comercio electrónico y mercadeo virtual. Y aunque, según los registros, tiene su sede en Barranquilla, cuando los investigadores visitaron el lugar no encontraron nada, y tampoco hay evidencia de que hubiera funcionado alguna vez en ese sitio. C. I. Gloma es una de las empresas del grupo que están bajo el control de la Superintendencia de Sociedades.

Fuente: ElTiempo

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