Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Según el más reciente recuento que realizó la Dirección de Policía de Inteligencia (Dipol), y que entregó a la Asociación Colombiana de Minería (ACM), las cifras de explotación ilegal en el país de mineral son más preocupantes de lo que se cree, y la tercera parte de los municipios, 307, cuentan con una afectación de este tipo.
El oro continúa siendo el principal problema, afectando a 186 municipios ubicados en la cordillera de Los Andes. No obstante, la extracción de carbón metalúrgico ilegal está en 98 municipios de Boyacá.
Esta problemática no cuenta la informalidad en el sector, es decir, mineros que no han podido legalizarse y que en general son empresas de pequeña escala.
Para los expertos mineros, reunidos en el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (Gdiam) toda esta problemática se ha generado “por la falta de alternativas de empleo y la histórica debilidad institucional en el ámbito regional”.
Según Fabio Velásquez, presidente de la Fundación Foro Nacional, ha faltado liderazgo en la Agencia Nacional de Minería (ANM), ya que esta “solo se ha visto como administradora de los títulos, cuando podría tener un papel más proactivo, mirando que la problemática no solo es la titulación o el catastro, sino de la promoción del sector”.
Además, agregó que a la Agencia le ha faltado comprensión del territorio, ya que a pesar de que tiene presencia las oficinas regionales funcionan más como una “oficina de correos”.
Por otra parte, según el Gdiam, la informalidad permite evadir los costos de la legalidad como prestaciones sociales, seguridad laboral y pago de impuestos y regalías. Lo que ha generado que en el país solo 35% de las mineras paguen regalías y contribuciones, cargos que se estiman en 2016 contribuirán con $1,5 billones, cuando el potencial según cálculos de Presidencia sería de $7 billones. Además, dentro de las razones de los “pobres resultados” de los programas de formalización, que permitiría aumentar el recaudo, Claudia Jiménez, miembro de Gdiam, también resalta que no ha sido completamente acertada la forma clasificar los tipos de minería. “La minería a pequeña escala, ancestral y tradicional, es una minería de subsistencia y por lo tanto la política pública debe ser una alternativa de ingreso”.
Opinión con la que concuerda Velázquez quien explicó que es claro que la clave para diferenciar la minería ilegal de las otras es la vocación. “La minería ilegal tiende a ser mecanizada y podría cumplir con los parámetros de la política colombiana pero no desea hacerlo”. Según las cifras de la Dipol son en total 167 municipios que sufren con esta relación al contar las regiones con presencia de grupos armados. Carbón, plata y coltán son los otros minerales en los que se centra la actividad ilegal.
