Mediante la creación de cupos falsos para beneficiarios inexistentes, una red de corrupción que operaba dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se apoderó de 2.217 millones de pesos que estaban destinados a programas de primera infancia, con los que se buscaba brindar desayuno, almuerzo y refrigerio a los menores de La Guajira, uno de los departamentos con mayor índice de desnutrición en el país.

Con 106 contratos se pretendía beneficiar a 27.000 usuarios con refrigerios, charlas y un mercado familiar mensual para las familias y también desayunos, almuerzos y refrigerios para niños menores de 5 años.

Sin embargo, tras investigar varias denuncias, la Fiscalía encontró que uno de los operadores, conocido como fundación ‘Un Mejor Vivir’, con el que el ICBF celebró dos contratos en el 2015 por valor de más de 5.000 millones de pesos cada uno, cobraba de manera fraudulenta esos dineros por servicios no prestados. Esto, porque se estableció que creaba falsos cupos de beneficiarios inexistentes.

Por ejemplo, se encontraron los registros de 304 niños de los que no se pudo comprobar su existencia pues no se encontraba información en la Registraduría Nacional.

La Fiscalía halló firmas alteradas que supuestamente respaldaban los cobros por los refrigerios y servicios de transporte, lo que significó un fraude de 695 millones de pesos solo para este punto. Además se evidenció un sobrecosto en la compra de mercados, papelería y elementos de aseo por 1.500 millones de pesos.

Por estos hechos cuatro personas fueron capturadas. Se trata de María Hernández Roys, servidora del ICBF y supervisora de los contratos; Yiseth Fince, contadora de la fundación ‘Un Mejor Vivir’, y quien, al parecer, realizaba los giros sin que el dinero llegaran a los beneficiarios; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de alimentos. Robinson Román Dávila, creador de la fundación ‘Un Mejor Vivir’, fue puesto en libertad porque al momento de la captura su nombre fue diligenciado de forma incorrecta.

Anoche, la Fiscalía les imputaba a los tres primeros los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica y material en documento público y privado.

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