Domingo, 6 de Abril del 2025 
Con 1.980 metros de playa ocupados en la zona de los Pozos Colorados, en Santa Marta, el hotel Tequendama Inn figura en las investigaciones de la Procuraduría y la Dirección General Marítima (Dimar) como uno de los privados asentados en una zonas que deberían ser de uso público.
Lo mismo ocurre en esa ciudad con el hotel Zuana, ubicado en las playas de Bello Horizonte, en donde –según el Ministerio Público– de manera indebida sus dueños están usando 5.345 metros cuadrados de playa en la ampliación de la edificación y en la colocación de boyas no autorizadas.
De acuerdo con la Procuraduría, la Dirección General Marítima (Dimar) tiene reportes de al menos 29.145 ocupaciones de playas públicas que han sido invadidas irregularmente.
En un informe, el organismo advirtió que mientras cada año estas ocupaciones crecen en un cinco por ciento, la recuperación de estas no llega ni al uno por ciento.
Pero no solo es cosa del turismo. La mayoría de las invasiones registradas son construcciones palafíticas: bienes en bajamar de personas de escasos recursos que se asientan en las playas a pesar de que, en caso de inundaciones, tsunamis o terremotos, estarían en riesgo inminente.
Tumaco es la región del país con más playas invadidas. En este municipio de Nariño, la Dimar ha contabilizado 12.579 ocupaciones, y en Buenaventura hay 10.836. En el caso de este municipio, hace un mes la Corte Constitucional falló a favor de una comunidad de 3.400 familias asentadas en el sector sur de la isla Cascajal, donde se planea ejecutar un proyecto de renovación de espacio público. Las familias desalojadas iban a ser reubicadas en viviendas que se construirán en el estero San Antonio, donde se inició un proyecto de viviendas de interés social, pero la Corte determinó que las comunidades debían ser consultadas previamente.
Si bien el Pacífico hay 24.909 ocupaciones, que representan el 85 por ciento del total en el país y cuyas construcciones son en un 86 por ciento palafíticas, a las autoridades también les preocupa el crecimiento de casos en el Caribe, especialmente con urbanizaciones.
Allí, complejos hoteleros, residenciales y particulares mantienen cerrado el paso en zonas de playa, que además constituyen un riesgo por tratarse de áreas que no pueden tener cimientos sólidos.
Urbanización en playas
Entre la lista de ocupantes que tiene la Procuraduría está la Sociedad de Inversiones Segher S. A., que en la playa de Pozos Colorados, en Santa Marta, construyó un edificio con apartamentos para la venta, junto con elementos de fácil remoción, como parasoles y siembra de palmeras.
Esa misma situación, según el informe, se detectó en Playa Dormida, también en Santa Marta, en donde un edificio que lleva el mismo nombre de la playa fue construido en la zona pública y ocupa 935 metros cuadrados. Investigan si los vertimientos de la construcción van al mar.
Además, en Cartagena se han encontrado, por ejemplo, 1.500 casos de ocupación, seguida por Santa Marta, con 381; Coveñas, con 303, y Riohacha, con 160. En Puerto Velero (Barranquilla), un particular tiene ocupados 16.031 metros cuadrados de playas con una caseta, un baño, dos quioscos con techo de palma, cercados con un alambre de púas.
Con este panorama, la Procuraduría General le envió unas recomendaciones al Gobierno para su política pública de seguimiento, defensa, protección, recuperación y conservación de los bienes de uso público y patrimonio cultural.
Sobre las invasiones palafíticas, el Ministerio Público asegura que “en estas zonas litorales se evidencian condiciones socioeconómicas subnormales y una calidad de vida determinada por niveles de pobreza excepcionales, circunstancias que reflejan, a su vez, la falta de articulación interinstitucional para enfrentar el problema”.
Los riesgos para estas poblaciones, según la Procuraduría, se ven agravados por los cambios climáticos que generan inundaciones de los malecones, alta exposición a temporales, alta posibilidad de huracanes y de tsunamis.
El turismo, dice el Ministerio Público, pone entre el 14 y el 20 por ciento de invasiones. Estas acciones “no solo vulneran el derecho colectivo de todos a gozar de los bienes de uso público, sino además la degradación del medioambiente”, concluye la Procuraduría.
‘Ciudades deben actualizar los POT’
Gladys Virginia Guevara, procuradora delegada para asuntos civiles, explica el riesgo de estas construcciones.
¿Por qué es difícil recuperar las playas invadidas por privados en el Caribe?
Uno de los problemas es que están desactualizados los planes de ordenamiento territorial (POT). En Santa Marta, por ejemplo, muchos bienes que son playas y construidos en zonas de baja mar están incluidos en el POT, pero, de acuerdo con un censo de la Dimar de 1992, los avalaron como terrenos de uso privado. Esto hace que los curadores expidan las licencias para hacer las construcciones. Estos POT hay que actualizarlos, pero eso no se ha hecho.
¿Y cuál es el riesgo de esas urbanizaciones?
En 5 o 10 años podrían colapsar porque están en terrenos no consolidados. Están construyendo prácticamente en arena. Los terceros, de buena fe, van a averiguar por apartamentos que aparentemente tienen todos los documentos en regla, tienen un ropaje de legalidad, pero la verdad es que son bienes en zonas públicas.
eltiempo.com
