Sábado, 5 de Abril del 2025 
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 30 años de prisión en contra de Adela Pérez Aguirre, alias ‘Camila’ por su responsabilidad y participación en el intento de secuestro y posterior homicidio del ganadero Fernando Amador Rodríguez registrado el 22 de julio en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
El alto tribunal ratificó la sentencia al considerar que el recurso de casación presentada por la defensa de la coordinadora de las milicias del Bloque Oriental de las Farc en Bogotá no cumplía con los requisitos exigidos por la ley. Fue sentenciada por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y tentativa de secuestro.
Según la investigación el comerciante fue interceptado por hombres armados cuando salía de su hacienda en el municipio de Cundinamarca. En ese momento fue amenazado para que se subiera a otro vehículo, sin embargo, debido a que puso resistencia para salir de su camioneta recibió varios disparos por parte de los subversivos.
Rodríguez falleció de inmediato. Las autoridades pudieron establecer el intento de secuestro y homicidio fueron planeados y ejecutados por miembros del Frente 54 de las Farc. En un principio –según se estableció- los guerrilleros iban a pedir cinco millones de pesos a los familiares del comerciante por su liberación.
Alias ‘Camila’ es señalada de ser una de las principales emisarias del abatido comandante Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘Mono Jojoy’ así como de Carlos Antonio Lozada, uno de los miembros del grupo de negociadores de dicho grupo armado ilegal en el proceso de paz que se adelanta actualmente con el Gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana (Cuba).
Su nombre apareció cuando en 2009 fue capturada con un mensaje en el cual se le informaba a los frentes del centro del país que el fundador de las Farc, Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo’ había fallecido. Por estos hechos fue condenada por el delito de rebelión.
Sin embargo, pocos meses después se le vinculó formalmente con el denominado ‘Plan Arena’ en contra de las sedes del Ministerio de Defensa, la Dirección General de la Policía Nacional y el Ministerio de Transportes ubicados en el Centro Administrativo Nacional (CAN) en el occidente de Bogotá.
Además habría sido clave en el reclutamiento para los frentes de Cundinamarca y otros departamentos. Además de la extorsión, adoctrinamiento y terrorismo.
