Sábado, 12 de Abril del 2025 
La decisión del oficial Ányelo Palacios de grabar, hace ocho años, al entonces senador Carlos Fierro plantea varias dudas. Sus allegados y él mismo sostienen que lo hizo para demostrar que sus denuncias sobre la ‘comunidad del anillo’, de la que él formaba parte, eran ciertas. Investigadores verifican su explicación a la luz de dos hechos: el largo tiempo que ha pasado –se conoce justo cuando la actual cúpula de la Policía enfrenta su peor crisis– y otros casos en los que grabaciones han sido usadas para presionar o extorsionar a quienes utilizan estas redes sexuales.
2. ¿Prueba reina?
No obstante lo explícito del video, que fue revelado al público por ‘La F.M’., este no constituye por sí solo, según investigadores del caso, prueba de la existencia de la ‘comunidad del anillo’. La Fiscalía lo anexará a su investigación y lo cotejará con otro material probatorio para determinar su valor dentro del proceso penal contra el coronel Castellanos, que es el principal señalado por el escándalo. La Procuraduría, por su lado, considera que esta grabación podría demostrar la existencia de una red de proxenetismo en la Policía controlada por altos mandos.
3. La situación de Palomino
Aunque la decisión de la Procuraduría aumenta, sobre todo en la opinión pública, la presión sobre el general Palomino, su situación disciplinaria y judicial no varía sustancialmente. Esto porque no han aparecido nuevas pruebas que demuestren que tiene responsabilidad en los graves señalamientos. En el caso del video, podría ayudar a probar que existía la ‘comunidad’, pero no que Palomino formaba parte de ella. Palacios ha dicho que desde que decidió denunciar la red fue víctima de persecución por la Dirección de la Policía.
¿Quién es el policía que hizo las denuncias?
El capitán Ányelo Palacios Montero, de 31 años y soltero, es el oficial que ha entregado información a las autoridades sobre la supuesta existencia de la ‘comunidad del anillo’.
En el proceso que lleva la Procuraduría, el oficial dijo que la red de prostitución masculina fue promovida por altos mandos de la Policía y tuvo entre sus usuarios a miembros del Congreso de la República: “Esa práctica, conforme a lo dicho por el declarante, pudo haber ocurrido entre los años 2004 y 2008, periodo en el cual algunos policías serían obligados a llevar una bandera (a las sesiones legislativas) para que algunos congresistas pudieran escoger a aquellos uniformados que fueran de su agrado o de su gusto, con el fin de satisfacer sus deseos sexuales”.
El oficial, nacido en Cúcuta y quien tiene seis hermanos, creció en Toledo (Norte de Santander). Su padre era comerciante y su madre administraba restaurantes en esa zona del país. Además de oficial de la Policía tiene un título como administrador público.
En el 2013, la Inspección de la Policía lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos, en una investigación por un supuesto arreglo ilegal con el dueño de un parqueadero para llevar allí vehículos inmovilizados. En octubre de 2014, la Procuraduría revocó la decisión y lo absolvió de toda responsabilidad.
Una vez reintegrado fue enviado a Caquetá. En septiembre del año pasado, el capitán Palacios Montero recibió el reconocimiento de la Gobernación de ese departamento, que exaltó “su servicio y contribución al mejoramiento de la seguridad ciudadana”.
Allí, el oficial se desempeñaba como comandante del Distrito Uno de Policía en Florencia.
En la resolución que fue enviada a la Dirección de la Policía, la Gobernación dice que el oficial “ha superado el máximo de los resultados esperados en el ejercicio de sus funciones, mejorando la convivencia de la población caqueteña”.
EL TIEMPO
