Lunes, 25 de Noviembre del 2024 
La Contraloría de Bogotá advirtió este martes que las políticas públicas formuladas por las administraciones de Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro se caracterizaron por “recurrentes desaciertos” para combatir la economía informal en la ciudad, pese a haber invertido recursos por casi $338.000 millones.
El organismo de control detalló que entre 2004 y 2008 se invirtieron $59.286 millones; entre 2008 y 2012 $115.851 millones y en el último cuatrienio $163.149 millones.
En el caso del Plan de Desarrollo de la ‘Bogotá Humana’ de Gustavo Petro, la Contraloría señala que se destinaron $271.000 millones para el programa “Apoyo a la economía popular, emprendimiento y productividad”, de los cuales se ejecutaron $163 mil millones en algunos proyectos que fueron objeto de observación.
De los $56.000 millones programados para el proyecto denominado ‘Banca para la economía popular’ –detalla el organismo– $28.000 millones fueron ejecutados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) a través del Convenio de Asociación 570/2013 con la Fundación Confiar y Confiar Cooperativa Financiera, para financiar y fortalecer unidades productivas pertenecientes a la economía popular.
“Llama la atención a la Contraloría que a través de este convenio la Cooperativa Confiar cobre el 9% al Distrito por administración de créditos, máxime cuando en dicho Convenio, la Fundación debe aportar recursos humanos, mobiliarios e inmobiliarios”, sostuvo la entidad.
Otro de los proyectos evaluados por el organismo de control fiscal fue el de “Desarrollo de iniciativas productivas para el fortalecimiento de la economía popular” liderado por el Instituto para la Economía Social (IPES), el cual –asegura la Contraloría– se limitó a la construcción, adecuación y mantenimiento de los llamados puntos de comercio, pago de servicios públicos y costos de administración por $38.000 millones.
“De estos recursos, $22.000 millones, es decir el 58%, se destinaron al pago de 723 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo, y al pago de personal administrativo, gestores, vigilancia y servicios públicos, entre otros. Igualmente, $16.000 millones se invirtieron en la adquisición, construcción y mantenimiento de predios para reubicación de vendedores informales en los llamados puntos de comercio, muchos de los cuales se encuentran desocupados, mientras que los vendedores siguen realizando su actividad comercial en las calles”.
De los 2.980 módulos de comercio ofertados, la Contraloría advierte que 882 no tienen uso, y de ellos 748 están en puntos comerciales y 144 son quioscos.
“Para la Contraloría de Bogotá, esto demuestra que la reubicación de vendedores ambulantes en los llamados puntos comerciales no ha contribuido efectivamente al emprendimiento y fortalecimiento de dicha población, ya que estos alcanzan niveles de desocupación hasta del 63% en algunos de estos sitios”, agrega el organismo.
Se prevé, de acuerdo con cifras de la Contraloría, que entre los puntos más críticos se encuentran el 7 de agosto, Minicentro, Galerías Plaza, Bulevar Caracas, Calle 13, San Andresito y 20 de Julio.
La contralora (e) de Bogotá, Ligia Inés Botero, manifestó que las políticas frente a esta población y a la preservación del espacio público han fracasado, debido a que no se han formulado atendiendo las condiciones que originan el fenómeno (pobreza, falta de educación, de oportunidades para emprender proyectos). Indicó que por estas situaciones se han evidenciado 23 hallazgos fiscales, por más de $22.000 millones.
