Domingo, 20 de Abril del 2025 
Por tercer día consecutivo, el remoto poblado de Tumeremo, en el sur del estado Bolívar –limítrofe con Brasil– amaneció cercado por camiones y vehículos de sus habitantes en reclamo a las autoridades para que investiguen la desaparición de 28 mineros, vistos por última vez la mañana del viernes.
Estos habrían sido asesinados a tiros en la mina Atenea y arrojados en una fosa lejos de allí, según testimonios de algunos sobrevivientes y testigos del hecho que han hablado con la prensa local.
La supuesta masacre, aún no confirmada por las autoridades venezolanas, ha sido denunciada por el diputado del estado Bolívar Américo de Grazia, compilador de la lista de los desaparecidos, entre los que se destacan tres hermanos de una misma familia y dos mujeres, una de ellas embarazada.
Tanto él como los habitantes de Tumeremo aseguran que se trata del capítulo más sangriento de la puja que existe hace al menos diez años entre bandas –o ‘sindicatos’ como se hacen llamar– para controlar las minas de oro de la zona.
“Lo que ocurre en Tumeremo no tiene precedentes. En Bolívar han ocurrido más de 26 masacres desde septiembre de 2006 a la fecha, conocidas a través de los medios”, precisó el diputado, quien denunció además que la Guardia Nacional está buscando a los sobrevivientes no para ofrecerles apoyo, sino para obligarlos a permanecer callados.
Pero hasta ahora varios se han puesto en contacto con los medios, y los testimonios apuntan a que se trató de una toma forzada de la mina por parte de un delincuente conocido como el ‘Topo’ –Hendry Norberto Bonalde es su nombre–, de supuesta nacionalidad colombiana, en cooperación con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la policía científica (CICPC) de la zona. “Estos grupos armados no operan sin el visto bueno de los funcionarios policiales”, destacó el diputado, quien señaló que por lo menos siete grupos policiales y cinco bandas criminales se disputan la extracción y el comercio del oro en la zona, lo que ha arreciado el auge de la criminalidad. Una afirmación que coincide con el relato del padre de crianza de uno de los desaparecidos, Ángel Ignacio Trejo, de 30 años, quien habló con un sobreviviente del tiroteo y un amigo de su hijo.
“Supimos por un amigo que acompañaba a mi hijo que cuando llegaron a la alcabala (puesto de policía), el ‘Topo’ junto con los funcionarios los bajaron de la moto en la que se trasladaban, y mi hijo se asustó. Intentó huir y un funcionario del Sebin le disparó”, dijo al diario El Nacional.
“Hoy salió otra comisión para la mina Nuevo Callao (…) Dicen que ahí hay un ‘pozo de la muerte’ de más de 100 metros de profundidad, y donde lanzarían los cadáveres”, relató.
A pesar del escalofriante parecido con lo ocurrido con la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa (México), la respuesta de las autoridades venezolanas ha sido, más que cautelosa, mínima. El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, aseguró que las sospechas eran infundadas.
“Es una campaña nacional desatada a través de las redes sociales para aterrorizar a los habitantes de esa localidad”, afirmó.
Sin embargo, la fuerza de la protesta y la gravedad de la denuncia forzaron a la Fiscalía a asignar dos investigadores e hicieron que el gobernador cambiara de posición, pues la tarde de este lunes trinó: “Informamos al país que responsablemente continuamos la búsqueda de los presuntos desaparecidos en Tumeremo, a 2 días de intenso trabajo”.
La búsqueda, hasta el momento, no arroja resultado alguno.
Lo que sí ha logrado es destapar años de denuncias sobre la ocurrencia de matanzas para el control de las minas en el eje Upata, Guasipati, El Callao y Tumeremo, los pueblos históricamente mineros de la zona y que, por lo menos hasta el año 2005, podían ser visitados por investigadores y estudiantes sin correr mayor peligro.
De hecho, el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, señaló que en su zona fueron asesinadas durante el 2015 al menos 70 personas en la puja por las minas.
También en el 2014, el entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, aseguró que había bandas armadas “haciendo lo que les da la gana en el territorio del estado Bolívar”.
Sin mayor éxito, el gobierno ha lanzado desde el 2003 cuatro planes para reorganizar la pequeña minería, frenar la ilegalidad y la proliferación de bandas.
Lo que todos los venezolanos se preguntan es cómo pueden operar estas bandas si prácticamente toda la actividad minera está custodiada por la Fuerza Armada Nacional.
Hace una semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el país retomará la explotación de oro, diamante y coltán como uno de los “motores” para reimpulsar la economía venezolana tras la caída de los precios del petróleo.
Exmandatarios condenan situación de la democracia
Los 27 exjefes de Estado y gobierno pertenecientes a la agrupación Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea) –entre los que están los expresidentes Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y José María Aznar (España)– denunciaron las “graves alteraciones que sufre el orden democrático y constitucional en Venezuela”.
Los exmandatarios reprocharon los esfuerzos mancomunados de los poderes Ejecutivo y Judicial, conducidos por los oficialistas, por sabotear la“separación e independencia de los poderes públicos”, al impedir el correcto funcionamiento de la Asamblea Nacional, elegida el pasado 6 de diciembre, cuando la oposición entró a liderarla por primera vez en 17 años.
Del mismo modo, Idea instó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a adoptar “con carácter de urgencia las iniciativas que juzgue pertinentes dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana”, y llamó a la comunidad internacional, las instituciones multilaterales y a la opinión pública a cooperar “para que cesen las graves alteraciones que sufre el orden democrático y constitucional” en el país.
EL TIEMPO
