En un millonario ‘negocio’ en que ganan más las empresas privadas que los propios municipios se convirtieron las fotomultas del país, según denuncias de un grupo de alcaldes que tienen estos dispositivos instalados en sus pueblos y quienes aseguran que en algunas regiones se realiza una ‘cacería’ para buscar infractores y aumentar los recaudos.
El año pasado se detectaron 1 millón 626.482 infracciones por estos medios electrónicos, lo que dejó un aumento significativo de las faltas detectadas del 55 por ciento con respecto al 2014. Los dueños de vehículos sorprendidos pagaron multas por 201.324 millones de pesos, y aún hay una cartera pendiente por cobrar de 309.050 millones. (Lea también: Las trampas que hacen con las fotomultas para cazar conductores)
La situación ha generado una avalancha de quejas de los usuarios afectados en las oficinas de tránsito, que haya alcaldes intentando tumbar o renegociar los contratos y hasta un proyecto de ley que comenzará a hacer curso en el Congreso para regular la instalación de estos dispositivos.
El cobro de infracciones vía fotomultas se popularizó desde hace cinco años, después de que el Plan de Desarrollo 2010-2014 abriera el espacio para que en la sanción de las infracciones registradas por medios tecnológicos se vinculara a los dueños de los vehículos. Tanto el propietario como el conductor se convirtieron en responsables frente al pago.
Hoy son al menos 50 los municipios (solo hay 8 capitales), la mayoría con terrenos en vías nacionales, sobre los que se han instalado los sistemas de detección electrónica de infracciones.
“Se creó un gran negocio en el país del cual yo creo que se ha abusado enormemente. ¿Y cuál es? que unos empresarios se han reunido con alcaldes, y yo diría que de manera leonina para con algunos municipios y han hecho acuerdos mediante los cuales el empresario es el gran ganador”, señaló el senador Mauricio Lizcano, uno autores de la iniciativa que cursará en el Congreso.
Esta realidad salió a flote este año con el cambio de alcaldes. Varios de los nuevos mandatarios donde están las fotomultas más polémicas revisaron las cuentas y se percataron del negocio que se hizo, pues mientras enfrentan las quejas de miles de conductores inconformes solo les está quedando a los municipios entre el 17% y el 38% del pago de cada comparendo.
El municipio que menos recibe es Floridablanca. Allí, cuando un ciudadano paga una fotomulta por exceso de velocidad, de los 344.000 pesos que consigna, 155.832 (el 45,3 por ciento) son para la firma Infracciones Electrónicas de Floridablanca S.A.S., mientras que a la Dirección de Tránsito del municipio solo le ingresan 60.000 pesos (el 17,7 por ciento). El resto del comparendo se distribuye entre otros actores. A la interventoría de la concesión le corresponden 6.880 pesos (el 2 por ciento), al Sistema Integrado de Información sobre multas y Sanciones por infracciones de tránsito (Simit) le llegan 34.400 (el 10 por ciento) y a un Centro Integral de Atención (CIA), aún por construirse, 86.000 (el 25 por ciento).
EL TIEMPO