Viernes, 18 de Abril del 2025 
El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y un grupo de exfuncionarios, exconcejales y excontratistas “que solo pueden ser llamados hampones de cuello blanco” se pusieron de acuerdo para “desequilibrar el erario de Bogotá y como en una feria se repartieron los recursos de los ciudadanos de a pie”.
Esa fue una de las afirmaciones que hizo el martes el juez 14 de Bogotá para declarar culpable al exmandatario de los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. (Lea también: Primera condena contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno)
El monto de la pena se conocerá en otra audiencia, el 29 de marzo, pero el juez anunció que las conductas desplegadas por Moreno “fueron tan graves” que su base para imponer sentencia no partirá de la base mínima legal. Eso podría suponer una pena de entre 15 y 20 años de prisión, si bien la Fiscalía pidió una condena de 288 meses, 24 años.
El juez, tras un juicio que se caracterizó por las reiteradas maniobras de aplazamiento de la defensa, encontró que Samuel Moreno fue el determinador de las irregularidades que se pusieron en marcha pararedireccionar la licitación de ambulancias de Bogotá y entregarla a empresas apadrinadas por los concejales Hipólito Moreno y Andrés Camacho Casado, ambos condenados por el ‘carrusel’.
“El autor material de las conductas fue Héctor Zambrano (exsecretario de Salud); así lo reconoció él en juicio y lo ratificaron Hipólito Moreno y Emilio Tapia (…) Pero el inspirador fue el acusado (el exalcalde), que abusó de su relación jefe-subalterno” para ordenar el delito, señaló el juez.
En el proceso se estableció la veracidad de testigos y pruebas de la Fiscalía según las cuales las trampas llegaron a cambiar las normas de la licitación para habilitar a firmas dedicadas a la ingeniería, la arquitectura y la construcción para pujar y quedarse con un contrato de servicios médicos de emergencia.
Además, dijo el juez, a una de esas empresas se le dio un puntaje adicional por apoyo a la industria nacional y se bajaron las exigencias de la licitación para permitir que las firmas recomendadas por los concejales Zambrano y Camacho pudieran seguir adelante en la licitación.
Samuel Moreno “sabía lo que estaba haciendo y con un evidente desapego de los valores que deben caracterizar al funcionario público no le importó el grave perjuicio que causaba, pues su mendaz actuar tan solo lo tenía fijado en obtener un beneficio económico”, dijo el funcionario judicial. Agregó que “permearon al gobierno y la administración de Samuel Moreno intereses particularísimos que repugnan a los fines esenciales del Estado”
El juez sostuvo que en el expediente consta que por cuenta de ese contrato se pagaron sobornos por 6.395 millones de pesos, de los cuales a la ‘casa Moreno’ llegaron 2.790 millones a través del cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana. Él ya fue condenado por este caso y se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía.
La decisión le da crédito a Juan Carlos Aldana Aldana, representante de la firma Suárez y Suárez, que participó en la licitación y quien dijo que prestó plata para los sobornos. El testigo, también procesado por el caso, entregó una libreta en la que aparecían documentados los pagos que se iban haciendo.
“El electorado le entregó a Samuel Moreno la confianza pública, y él procedió sin recato alguno, y desprovisto de cualquier principio, a usar su cargo para lograr su cometido (…) Determinó a funcionarios de menor rango y subordinados para lograr que se estructurara la adjudicación del contrato con un claro interés”, aseguró el juez.
Igualmente señaló que todas esas maniobras se dieron en el marco de los acuerdos de gobernabilidad entre concejales y la administración de Moreno, los cuales, dijo, se convirtieron en una “adaptación burda de la estructura del Estado. Terminaron siendo acuerdos criminales”.
La defensa de Samuel Moreno, que en todo momento ha defendido la inocencia del exmandatario, pretendía rebatir la tesis de la Fiscalía señalando que en todo el proceso no hay pruebas de que el ahora condenado hubiera participado en reuniones con los otros procesados para torcer la licitación. A esto, el juez señaló que “todos los integrantes de la compleja cadena delincuencial se entrelazan” y que no había que tener un contacto directo con todos los implicados para verse beneficiado con la maniobras ilícitas.
El exalcalde Moreno, visiblemente afectado y con voz entrecortada, le pidió al juez que tenga en cuenta que no registra antecedentes penales para que fije el monto partiendo de la pena mínima. También pidió que, dados los casi cinco años que lleva preso y su buen comportamiento, empiece el proceso de descuento de pena al que tienen derecho los condenados.
Anunció que llevará el caso en apelación al Tribunal de Bogotá y que, de ratificarse la condena, irá en casación a la Corte Suprema de Justicia y, además, a instancias internacionales.
Esta última vía fue la que tomó el exsenador Iván Moreno, otro de los condenados por el desfalco en Bogotá y quien fue condenado a 14 años de prisión por la Corte Suprema, por ser ficha clave en la red que defraudó a la ciudad durante la administración de su hermano. El exmandatario está pendiente de fallo en otros dos procesos relacionados por corrupción en contratación. De hecho, fue el tercer proceso, el de las ambulancias, el que lo llevó a su primera condena.
Frenan posible libertad
Como la condena no está en firme (faltan las apelaciones ante el Tribunal de Bogotá y la Corte Suprema), Moreno podría pedir la libertad, más aún porque los términos en los dos procesos que tiene en juicio, uno de los cuales lleva más de cuatro años, están vencidos. Esto, acudiendo a la ley de racionalización de penas que entra en plena vigencia dentro de dos meses.
Para evitar una maniobra en ese sentido, la Fiscalía pidió que el juez emita una orden de captura en su contra por el caso de la condena. El juez no accedió, pero dejó una orden para que, si otro juez llega a darle libertad, su despacho sea notificado antes y así se evite la excarcelación.
EL TIEMPO
