Sábado, 19 de Abril del 2025 
El cobro de 2.500 pesos por cada cotejo de huella dentro de los trámites que se haga en el Registro Único Nacional de Transporte (Runt) aún está en veremos.
Después de que EL TIEMPO denunciara que el cotejo con la base de datos de la Registraduría es gratuito, la cartera de Transporte echó para atrás la resolución que ordenaba el cobro en una prueba piloto.
Sin embargo, ahora se está a la espera de que el concesionario defina si les va a cargar ese valor a los más de 11 millones de propietarios de vehículos cada vez que se acerquen a hacer un trámite. Si ese escenario se da, la cartera de Transporte ya advirtió que se presentaría una controversia contractual que eventualmente llevaría a un tribunal de arbitramento. (Lea también: ‘Por ahora, cotejo de huella dactilar en el Runt será gratis’)
En la polémica entró a terciar el interventor del contrato del Runt: la firma Redcom Ltda.
En comunicación a EL TIEMPO, su gerente, Gerardo García, manifestó que si bien el acceso a la información en la base de datos de la Registraduría es gratuito para las entidades públicas, los requerimientos y exigencias técnicas no.
“La entidad requirente tiene que asumir los costos de la infraestructura y la operación del sistema para el acceso de los datos o contratar el servicio con un operador homologado”, explicó.
Y agregó que tanto uno como otro caso demandan un procedimiento y manejo de datos de naturaleza onerosa que, junto con otros costos asociados –por ejemplo, transferencias bancarias–, justifican la fijación de una tarifa, con la cual se elimina el riesgo de suplantación de personas.
De hecho, indicó que fue el Ministerio de Transporte el que solicitó el concepto sobre la cuantía probable de la tarifa al usuario: “Redcom optó por recomendar la posibilidad de emplear, dada la manifiesta similitud, el mismo valor que fijó el Gobierno para los trámites notariales. Nadie, ciudadano común o periodista, ha levantado voz en contra de ese costo ni ha cuestionado al Ministerio de Justicia, al Supernotariado o a las notarías”.
‘No es lo mismo’
Pero el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, fue tajante al asegurar que los trámites en el Runt no pueden ser comparables con los procedimientos notariales. De hecho, habría duplicidad de función.
“Los trámites que hacen en las notarías no son un simple cotejo de huellas. Se trata de la autenticación de un documento, con presentación personal y cotejo de información. Son tres componentes de la fe pública y hay en juego transacciones millonarias”, dijo el funcionario desde Washington.
Y agregó que la exigencia del cotejo biométrico no se aplica en todos los trámites notariales y que el tema es tan delicado en ese ámbito que ya se está investigando a 15 notarios que no han implementado el cotejo, a pesar de que el plazo venció en enero.
Uno de los notarios que critica la directriz de Vélez recordó que el viceministro Nates se desempeñó como delegado para el Registro en esa entidad. Y agregó que también se trata de un trámite altamente oneroso para los millones de usuarios de notarías. Además, que un porcentaje de lo que se le está cobrando al usuario se queda en las arcas de la Unión Colegiada del Notario y en la operadora del cotejo.
Álvaro Rojas, presidente de la Unión Colegiada de Notarios, también rechazó la comparación de su trabajo con el del Runt.
“¿De dónde sacaron que ellos pueden asumir la función de un notario? Ellos no tienen por qué autenticar nada ni dar fe de la identidad de las personas. Además, algunos trámites que se hacen ante el Runt ya van autenticados por un notario y sería cobrar por un doble trámite”, aseguró.
Y en respuesta al notario quejoso, explicó que el monto que el usuario paga en las notarías no es un capricho. Obedece a un estudio de un estructurador tarifario, de 8 meses: “Se invirtieron 12.000 millones de pesos en implementar el cotejo. Solo un 40 por ciento va para los operadores, incluida la Unión de Notarios”.
El reversazo
Por ahora, en el Ministerio de Transporte esperan que el Runt determine si asume los costos del cotejo biométrico.
En cualquier caso, la ministra Natalia Abello fue enfática en señalar que nunca autorizó el cobro de $ 2.500 por el cotejo de la huella digital, que fue revertido tras la denuncia de EL TIEMPO. De hecho, agregó que ese cobro fue incluido en el Viceministerio, a cargo de Enrique José Nates, quien insiste en que se trató de una decisión institucional, revisada por la oficina jurídica de la cartera de Transporte.
En todo caso, tanto los argumentos de Redcom como los de la Superintendencia de Notariado pesarán a la hora de decidir quién paga por ese trámite.
Fijo, el valor del contrato
El cobro por el cotejo de la huella en el Runt no afecta el contrato de interventoría que realiza Redcom Ltda. Así lo explica Gerardo García, gerente de esa firma: “El valor del contrato de la interventoría fue determinado y fijo desde su inicio (…), su trabajo no se remunerará con sobreprecio por el incremento de tarifas, de la misma manera como no se perjudicará con su reducción”. Los recursos con los que se paga la interventoría provienen de una subcuenta o fondo nutrido por el 3 por ciento de las tarifas del Runt.
EL TIEMPO
