Lunes, 25 de Noviembre del 2024 
La decisión que dirá si el procurador general Alejandro Ordóñez sale o se queda en su cargo ha tenido un accidentado trámite que casi ajusta los dos años por cuenta de nulidades, impedimentos y consultas que han dilatado el proceso.
La demanda del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro contra la Procuraduría por haberlo destituido e inhabilitado de su cargo en 2013, también lleva dos años desde que llegó al alto tribunal a principios de 2014, y aunque hoy están programados los alegatos finales, todavía no hay ponencia y es posible que el magistrado acepte recibir nuevas pruebas del Ministerio Público a pesar de considerar que el tiempo para la entrega de las mismas ya precluyó. (Lea además:
El tercer gran caso en manos del Consejo de Estado es el del Consejo de Gobierno Judicial, el organismo que no entró en vigencia en diciembre, como debería, por las múltiples demandas que se presentaron en su contra y que por ahora están en trámite en la Sección Quinta de esa Corte.
Ya hay ponencia, pero la votación aún no está en agenda
En el caso Ordóñez primero fueron los impedimentos presentados por los magistrados para conocer e intervenir en la decisión porque tienen familiares que trabajan en la Procuraduría, porque el procurador Ordóñez participó en su elección cuando fue consejero de Estado o porque son cercanos a los demandantes. Luego vinieron las recusaciones contra magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado por supuestamente filtrar información o dar declaraciones sobre el caso a medios de comunicación. Y en los últimos meses hubo una cascada de recursos de nulidad interpuestos por la misma Procuraduría y por terceras personas.
Hace un mes la magistrada ponente negó una solicitud de la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda que pretendía que se revocara un auto en el que ya le habían negado una solicitud de nulidad de la demanda contra el Procurador. A Castañeda le dijeron por segunda vez que su solicitud era infundada.
En 2015 a parte de la demanda de Castañeda, en la que argumentó una supuesta vulneración al debido proceso de Ordóñez porque no fue incluida ella como representante del Ministerio Público en el caso, se presentaron otras dos demandas por parte de los ciudadanos Diego González y Carlos Julio Caballero.
Entonces, el magistrado Alberto Yepes, que era ponente, advirtió en la respuesta que dio a los tres recursos que la interposición de “nulidades y peticiones improcedentes” podrían entenderse como una forma de dilación del proceso y por tanto, las personas que acudieran a esa herramienta sin fundamento podrían ser objeto de sanción.
El caso estuvo a punto de decidirse en la Sala Quinta hace un año, pero el proceso pasó a Sala Plena y ahora se espera la ponencia la votación de la ponencia que la semana pasada fue radicad por la magistrada Rocío Araújo.
Paradójicamente, mientras su segunda interpone recursos que terminaron negados por improcedentes, el procurador Ordóñez le envió hace poco menos de un mes una carta a la magistrada Rocío Araújo pidiendo celeridad en la presentación de la ponencia ante la Sala Plena del Consejo de Estado.
En la misiva, Ordóñez asegura que no ha tenido la intención de dilatar el proceso que cursa en ese tribunal en su contra y que no quiere que los recursos interpuestos por otras personas sean vistos como una estrategia para mantenerse en el cargo hasta el final del periodo. “No desearía que la ciudadanía pueda llegar a suponer siquiera que trato de dilatar la etapa procesal correspondiente”, dice el documento enviado por el jefe del Ministerio Público.
¿Será la “muerte” política de Petro?
La demanda interpuesta por Gustavo Petro contra la Procuraduría General por haberlo suspendido e inhabilitado cuando era alcalde de Bogotá por el tema de las basuras avanzará hoy con la realización de la audiencia de “alegatos y juzgamiento”; sin embargo, los trámites de los últimos días dan cuenta de que se puede enredar otra vez y extender más tiempo, esto si el juez acepta la propuesta de realizar nuevas pruebas que con insistencia han pedido funcionarios de la Procuraduría en los últimos meses.
Aunque el Alto Tribunal respondió a las peticiones interpuestas por la Procuraduría en agosto y noviembre de 2015, que la etapa probatoria ya había caducado, aceptó en un auto reciente que, una vez se escuchen los alegatos y antes de leer la sentencia, el juez disponga si considera pertinentes y contundentes “que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda”.
Así como el caso contra el Procurador, este proceso ha tenido múltiples intervenciones de los demandados. Luego de la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde, al considerar que cometió una falta disciplinaria en la planeación y puesta en marcha del nuevo modelo de aseo de la ciudad en 2012, empezó una fuerte contienda por parte de Petro para regresar al Palacio Liévano.
La demanda ante el Consejo de Estado solicitando medidas cautelares fue radicada por la defensa de Petro en abril de 2014, la Procuraduría pidió inmediatamente que no se avalara esa solicitud, pero el Tribunal le tiró un salvavidas al entonces alcalde y definió que la inhabilidad y suspensión quedaba frenada hasta que se produjera una sentencia de fondo. Sentencia que sigue sin emitirse por parte de la Sala Plena que tiene la demanda desde mitad de 2015 cuando fue trasladada desde la Sección Segunda por considerarse de máxima importancia jurídica.
Consejo de Gobierno Judicial, en el limbo
Éste es, de los tres, el proceso que más enredos tiene. El organismo que debía haber entrado en funcionamiento en diciembre, está frenado por demandas contra cuatro elecciones de sus funcionarios y contra el proceso de convocatoria con la que fueron seleccionados los mismos.
Actualmente de las nueve personas que deben integrar el Consejo de Gobierno, cuatro tienen suspendida su elección. Además, el gerente de la rama judicial tampoco ha sido escogido, toda vez que para llenar esa vacante los otros ocho miembros del Consejo deben votar, grupo que no ha logrado conformarse.
Contra la elección de los dos representantes de empleados y funcionarios judiciales se presentaron tres acciones de nulidad y otra acción por inconstitucionalidad. Luego del trámite de los primeros recursos se confirmó la suspensión del representante de jueces y magistrados, Vicente Calixto De Santis, porque se encontró que el proceso de sufragio y escrutinio de los votos había tenido una serie de irregularidades. Por el contrario, la suspensión contra la elección de Martha Lía Herrera, representante de los empleados de la rama judicial, se negó, por lo que Herrera sería la única integrante a parte de los presidentes de las cortes que tiene por ahora un lugar en el Consejo de Gobierno.
Por otra parte, en manos de la magistrada Sandra Ibarra Vélez está la demanda contra la convocatoria por medio de la que fueron elegidos los tres miembros permanentes del Consejo de Gobierno. En el auto de admisión de la demanda, Ibarra ordenó la suspensión provisional de Juan Carlos Grillo Posada, Laura Emilse Marulanda Tobón y Gloria Stella López Jaramillo, quienes habían sido seleccionados a través de convocatoria pública como representantes permantes del Consejo de Gobierno. Entre muchas otras cosas, la demanda argumenta que ese proceso de convocatoria no podía haberse hecho a nombre del Consejo de Gobierno, ya que ese organismo no estaba constituido para la fecha de la selección.
Estos procesos, todos en curso en el Consejo de Estado, tendrán que ser resueltos para que se pueda dar la conformación y entrada en funcionamiento del Consejo de Gobierno Judicial, y con ello la implementación de la reforma al equilibrio de poderes.
