Lunes, 25 de Noviembre del 2024 
Luis Javier Rojas Morera, un joven politólogo perteneciente a una importante familia del Huila y figura del ‘jet set’ de esa zona del país, es el principal protagonista del escándalo por elque, al menos en papeles, aún figura a nombre del Congreso de la República.
Rojas se movía en un Toyota Camry gris modelo 2011 con placas oficiales: OBH-651. En un retén de la Fiscalía y el Ejército en la calle 94 con carrera 21, barrio Chicó, fue sorprendido con 12.999 billetes que estaban en dos maletasy que, según las autoridades, pertenecen a bandas criminales.
Él es hijo de Magdalena Morera Rebolledo, jefa de la División Financiera y Presupuesto del Senado, y de Luis Javier Rojas, un reconocido político y empresario del Huila que fue director del partido de ‘la U’ en ese departamento.
Además, hacía parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del representante a la Cámara por Guaviare Alexánder García Rodríguez.
Luego de que los uniformados encontraran el dinero, el politólogo les ofreció cien millones de pesos para que lo dejaran seguir su camino. Los militares se negaron y de inmediato pusieron en conocimiento de la Fiscalía el intento de soborno. De hecho, fue por ese cargo criminal y no por el porte hasta ahora no explicado de la enorme cifra en efectivo que un juez de Paloquemao le dictó ayer detención domiciliaria.
Aunque el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, sostuvo que el carro ya no es de esa entidad y fue vendido hace un par de años, el jefe de la Dirección de articulación de Fiscalía, Iván Lombana, sostuvo que el vehículo sigue a nombre de esa corporación.
La situación es todavía más compleja porque la madre del capturado, por su cargo, tiene que ver con los procesos de enajenación de bienes como los carros viejos. Cómo terminó su hijo en un carro al que no le han hecho papeles y, además, utilizándolo para un delito, es una de las explicaciones que la funcionaria, que hasta el martes no había respondido a los medios, tendrá que darles a las autoridades.
“El vehículo oficial fue incautado y el dinero retenido con fines de comiso. La tarjeta de propiedad del carro aparece a nombre del Congreso, y por eso es un vehículo oficial”, señaló Lombana. El carro, según la Dirección Administrativa del Senado, fue dado de baja de los activos de esa corporación en septiembre del 2014 y fue entregado a la promotora Comercializadora Naves Ltda. para que lo subastara. Supuestamente fue vendido a un ciudadano que “no realizó el transpaso a pesar de habérsele notificado en repetidas ocasiones”.
La División de Personal de la Cámara certificó que Rojas Morera trabaja en el equipo del representante García desde julio del año pasado. Esa división igualmente señaló que en ese momento se verificaron los antecedentes del politólogo y que se constató que no tenía ningún requerimiento o antecedente judicial. Por su lado, el representante aseguró el martes que está dispuesto a dar las explicaciones que le pidan los organismos de control y que no tiene ninguna relación “con las actuaciones” de su subalterno.
“Se ha decidido que (Rojas Morera) asuma su defensa por fuera de mi grupo de trabajo. Desconozco las actividades que adelantaba por fuera de su horario laboral y, mucho menos, la procedencia del dinero”, dijo. (Además
Con apoyo de EE. UU.
Una investigación que desde hace más de un año viene adelantando la Fiscalía con apoyo de Inteligencia Militar y agencias de los Estados Unidos permitió realizar la operación.
Fuentes que conocen el caso señalaron que un informante entregó datos puntuales sobre la existencia de una sofisticada red de lavado de dinero con sede en Bogotá y otras tres capitales, y que presta sus servicios a grupos de narcotraficantes de todo el país.
La Fiscalía cree que Rojas Morera fue contactado por integrantes de esa organización para transportar el dinero en el vehículo con papeles del Congreso, con lo que buscaban evitar que fuera detenido. “Esa red tiene varias modalidades para mover la plata a grandes ciudades y realizar operaciones para lavar el dinero ilegal”, señalaron los investigadores.
Aunque el fiscal del caso le imputó a Rojas los cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho, el juez del caso justificó su decisión de mandarlo a la casa por cárcel porque, señaló, Luis Javier se sintió acorralado y ante ese temor buscó evitar que un servidor cumpliera con su función, abordó al funcionario y le hizo dos ofrecimientos, en primer lugar por 50 millones de pesos y en una segunda ocasión por 100 millones de pesos”. Dijo que, como no se ha demostrado el origen ilegal de la plata, no dictaba captura por lavado.
El martes, el Ejército señaló que el dinero que movía el joven “hacía parte del sistema de financiamiento ilegal de las bandas criminales”.
