Viernes, 18 de Abril del 2025 
Mediante una rifa, que se realizaba generalmente los viernes, los policías que están implicados en la facilitación del microtráfico en el barrio San Bernardo decidían quién de ellos iría a recibir el pago semanal que les hacían los administradores de las líneas (distribuidores ilegales) de estupefacientes en esa zona del centro de la ciudad.
Entre 300.000 y 700.000 pesos semanales habrían recibido los uniformados vinculados a la red de microtráfico, todo para que omitieran su deber constitucional de perseguir la venta al menudeo de marihuana, cocaína, bazuco y Rivotril, una pastilla que se usa en tratamientos de pacientes con problemas psiquiátricos.
Así se reveló durante la audiencia de legalización de captura que le realizaron a Carlos Eduardo Salazar, presunto administrador de una de las 18 líneas que delinquen en ese sector. Salazar sería uno de los que llevaban el dinero a los policías corruptos que estaban adscritos al CAI de San Victorino y cooperaban con los traficantes.
De hecho, en la audiencia se mostraron videos en los que se veía a Salazar en compañía de un menor de 10 años para entregar los dineros a los policías, para que de esa forma no despertara sospechas sobre el delito que presuntamente estaría cometiendo.
Esta red criminal sufrió un duro golpe tras una operación denominada Bicentenario, que realizaron de forma conjunta la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, el pasado 7 de febrero. Ese día fueron capturadas 31 personas, de las cuales 14 eran policías en ejercicio de sus funciones.
Según la investigación de la Fiscalía, en San Bernardo algunas de las líneas se autodenominaron ‘Blanco’, ‘Paloma’, ‘Chatarral’, ‘Esquina’, ‘Nuevo’, ‘Cripy’, ‘Harold’, ‘Nacional’, ‘Pilar’, ‘Dora’, ‘Ruca’, ‘Yogurt’, ‘Pepas’, ‘Calavera’, y disponían ‘chazas’ o toldos, por cuadras, en los que expendían los estupefacientes.
Además de repartirse las calles en las que venderían, cada distribuidor se encargaba de comercializar alguna droga en particular.
Las líneas también manejaban una nómina ilegal a la que estaban vinculados los policías señalados, de manera que pudieran vender ‘descaradamente’ –como lo calificó la Fiscalía–, las drogas a plena luz del día en ese sector.
Los alias, según el ente acusador, no solo se les daban a los distribuidores, sino también a las escuadras corruptas del CAI de San Victorino, y las denominaron ‘Garrotero’, ‘Vidí’ y ‘Merecumbé’.
Entre 10.000 y 20.000 pesos estaría aportando cada distribuidor para la bolsa común con la que pagaban a los uniformados vinculados en el caso.
De acuerdo con lo que se lleva en el proceso, Ciro Álvarez, quien se encuentra en prisión, estaría controlando desde su reclusión el negocio de los estupefacientes en San Bernardo, mientras que los estupefacientes los estarían ingresando por kilos a ese barrio, personas a las que se les llama ‘aviones’.
En la investigación se ha descubierto que la marihuana llegaría desde el Cauca, mientras que la cocaína provendría de los Llanos Orientales.
Un policía honesto
Bastó un uniformado honrado para que toda esta red de corrupción se fuera abajo, ya que él fue quien denunció los hechos de corrupción y de connivencia entre los traficantes y los uniformados corruptos del CAI de San Victorino, según se señala en el proceso penal del caso.
Por esta razón la Fiscalía y la Dijín lo designaron agente encubierto, y de esta manera les siguió el juego a sus compañeros, recibió el dinero de los administradores de las líneas y después de casi un año recogió todo el material probatorio con el que se pudo realizar el operativo en febrero.
Luego de esta operación, el uniformado se encuentra bajo la protección de las autoridades.
A él le dijeron sus compañeros, con sarcasmo, que llegaría a un excelente CAI. ¿Las razones? Son las de conocimiento público.
Habrá más capturas
Según señalaron en la Fiscalía General de la Nación, en este proceso que se les lleva a los policías que cooperaban con los traficantes del barrio San Bernardo se van a expedir más órdenes de captura, no solo para los particulares que manejan o trabajan en las líneas de narcomenudeo, sino también para otros uniformados que estuvieron vinculados al CAI de San Victorino. Se dice que serían 30 policías más los que facilitaron el tráfico de estupefacientes en ese sector de Bogotá. Por el momento se sigue recolectando el material probatorio para el caso. En el CAI de San Victorino se cambiaron a los agentes que estaban trabajando allí antes del operativo del 7 de febrero.
