Domingo, 20 de Abril del 2025 
A la sombra de falsas identidades como ‘Johan Torres’ o ‘Andrés Mauricio’, el abogado y empresario llanero Heyller Dohan Torres Meneses habría construido lo que para la Fiscalía se constituyó en una empresa criminal capaz de afectar a más de 6.000 personas en el país y de recaudar más de 30.000 millones de pesos en solo cinco meses.
Una investigación de la Dirección Seccional de Fiscalías de Boyacá, con el apoyo del CTI en el Meta, señala a Heyller Torres Meneses como el presunto autor intelectual de la creación de la pirámide Niño Jesús de Praga, que entre los meses de enero y mayo del 2008 captó de manera ilegal dineros a personas de escasos recursos en Villavicencio, Acacías y Guamal, en el Meta; así como Tunja, en Boyacá; Yopal, en Casanare, y El Espinal, en el Tolima.
Las pruebas documentales y testimoniales aportadas por las víctimas, así como al trabajo de inteligencia técnica del CTI en el Meta, llevó a que un juez de control de garantías de Tunja ordenara la captura de Heyller Torres, la cual se ejecutó la mañana de este lunes en Villavicencio.
Heyller Torres, esposo de la artista llanera Nagzary Quevedo y ahijado de matrimonio del alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, fue capturado de manera simultánea con cuatro personas más, entre ellos tres miembros de su familia.
De hecho, en el expediente del proceso, las autoridades llegaron a identificar a los autores materiales de la artimaña como el ‘clan Meneses’, autores de un plan similar al de la captadora DMG, el ‘holding’ empresarial de David Murcia Guzmán, extraditado a Estados Unidos.
En Villavicencio el CTI capturó a Heyller Torres, a su tío, el abogado Henry León Meneses, y en Guamal cayó su sobrina Karol Johana Moreno Meneses. En la ciudad de Yopal fue capturado Luis Fernando Rodríguez Meneses, primo del empresario, y en Chinú (Córdoba), el arquitecto Javier Velasco.
“Se trata de un proceso de la justicia por la reivindicación y el honor de las víctimas que perdieron sus ahorros y sus propiedades de manera ingenua, asaltados en su buena fe”, dijo una fuente de la Fiscalía.
El ente acusador los investiga por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación masiva y habitual de dineros.
A las autoridades les llamó la atención en la investigación cómo en tan corto tiempo un joven, que vivía en arriendo con su mamá, que tenía un alquiler de lavadoras y que debía pedir prestado dinero para pagar sus estudios de Derecho en la Corporación Universitaria del Meta (Unimeta), llegó a constituirse en un próspero empresario y constructor del complejo Grupo Empresarial Asistir Ltda, responsable de proyectos de vivienda en sectores exclusivos de Villavicencio y municipios vecinos.
El rastreo de los investigadores definió que el poder económico de Heyller Torres Meneses se hizo visible justo después de la desaparición de la pirámide en el 2008.
Para evadir el control de las autoridades no solo cambió su nombre, sino que todos los trámites y contactos los hacía vía celular, junto con sus familiares y otros miembros del grupo, según el proceso.
“Nunca dieron la cara y adquirían planes de celular a nombre de otras personas para evitar seguimientos”, dijo un investigador del caso.
Pocos minutos después de ser capturados, los tres implicados en el Meta fueron trasladados a la ciudad de Tunja donde la Fiscalía Tercera Especializada, que coordinó la investigación, les imputaría cargos por los delitos mencionados.
Además, se estableció que la Fiscalía va a solicitar la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los procesados.
¿Cómo funcionaba la pirámide?
La Fiscalía señala a Heyller Dohan Torres Meneses como el presunto artífice de una entidad captadora masiva y habitual de dineros que en la década pasada afectó a miles de personas con su santo nombre Fundación Divino Niño Jesús de Praga –conocida también como Cash Easy, Gente de Éxito o Funcrecer–, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín.
Se trata de una entidad sin ánimo de lucro creada con fines sociales que, según la investigación de la Fiscalía, habría sido utilizada por Torres y sus familiares para dar la apariencia de legalidad a la pirámide.
Entre las funciones de la captadora estaba la realización de labores sociales, con destinación a personas vulnerables, así como el suministro de subsidios de vivienda a desplazados y entregas de alimentos a los habitantes de la calle, como chocolate y pan.
No obstante, lo que en realidad hacían, según la investigación del ente persecutor, era recibir dineros de los afiliados quienes con el sueño de acceder a vivienda y beneficios financieros de hasta el 1.200 por ciento, en poco tiempo, depositaban entre 50.000 y 4’500.000 pesos.
“Aseguraban intereses del 100 por ciento durante 12 meses continuos, entregando los primeros intereses más el capital en el primer mes”, reza un aparte del expediente.
