Al menos uno de cada 20 bienes que hoy administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que les fueron incautados a narcotraficantes y delincuentes están invadidos por terceros, en su mayoría familiares, conocidos y hasta testaferros de las personas afectadas por la acción de la justicia.
La SAE asegura que de las más de 20.000 propiedades que administra, 5.000 fueron reportadas como invadidas cuando la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) –liquidada por la corrupción con los narcobienes– le entregó a la entidad el manejo de las propiedades.
La SAE, que recibió el inventario a finales del 2014, ya ha identificado con visitas, predio a predio, que 1.100 bienes están ocupados ilegalmente. De ese total, 800 ya tienen una resolución de desalojo. Tras esas solicitudes se ha logrado la recuperación efectiva de 122 predios. Y hay miles de visitas programadas para verificar cómo están otras propiedades.
La invasión, como ocurre con los bienes que tiene la Unidad de Víctimas (más de la mitad de predios entregados por los paramilitares están ocupados por terceros), enreda la capacidad del Estado para destinar esos recursos a programas como la atención de víctimas y la entrega de tierras a familias campesinas que no las tienen.
Uno de los últimos bienes que la SAE logró recuperar está ubicado en el barrio Popular, de Villavicencio. Tras una visita, la Sociedad encontró que una casa que se le había incautado al asesinado capo Miguel Arroyave estaba invadida y que, además, la usaban para el expendio de drogas. Tras la queja de varios vecinos, la SAE logró el desalojo del inmueble el 23 de abril pasado.
Esta situación, según Mauricio Solórzano, vicepresidente jurídico de la entidad, se repite con muchos predios incautados por delitos relacionados con microtráfico. A la brava, los dueños de esas ‘ollas’ vuelven a ocuparlas y al negocio de la venta de droga.
Eso es lo que está pasando con varios predios en uno de los sectores más deprimidos del centro de Bogotá, el barrio San Bernardo. Están avaluados en 2.000 millones de pesos y, en teoría, pasaron a la SAE a finales del año pasado.
Pero en realidad varios de ellos siguen en manos de redes que venden drogas al menudeo, según dijo un investigador a EL TIEMPO.
Pero el narcobien emblemático recuperado recientemente por el Estado es una mansión construida en un megalote de 23.400 metros cuadrados en plena zona de El Poblado, en Medellín. La casa, que era del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, tenía a un ocupante ilegal que, mediante acciones jurídicas, había logrado dilatar la entrega del inmueble a pesar de que el dominio estaba extinguido hace años. “Finalmente por la gestión realizada por la Gerencia Regional de Occidente se logró programar una fecha de entrega voluntaria en los próximos días”, dijo una fuente de la entidad.
En Cali, la SAE acaba de conseguir que los ocupantes de un lujoso edificio de cinco pisos, también incautado a narcotraficantes, desalojaran los apartamentos en los que duraron años sin pagar un peso, pues ni siquiera tenían contratos de arrendamiento.
Familiares se resisten
Entre los bienes más problemáticos y en los que no se ha podido ejecutar el desalojo, según la entidad, aparecen decenas que están ocupados por familiares de delincuentes condenados.
EL TIEMPO documentó el caso del clan de los Nasser Arana, en la costa Caribe. En uno de los apartamentos que se le incautó a esta familia en Barranquilla, y que en el 2007 tuvo como depositario al polémico exfiscal Camilo Bula (condenado a 18 años de prisión por las irregularidades durante la administración de la DNE), vive hoy Claudia Patricia Nasser Arana.
Esto, según una resolución de desalojo conocida por este diario, “sin que medie contrato alguno que la faculte para ello”. El documento agrega que “en razón de lo anterior, los actuales ocupantes del inmueble no poseen título alguno emanado por la Sociedad de Activos Especiales que legitime su permanencia en el lugar, motivo por el cual su permanencia en el inmueble desconoce la orden de entrega real y material contemplada en el fallo de extinción de dominio (del 2004) que ya se encuentra ejecutoriado”.
Otro de los ocupantes ilegales es Ana Elisa Vives Pérez, esposa del narcotraficante Rafael ‘Mono’ Abello. El 18 de febrero de este año la SAE le ordenó a Vives desalojar la hacienda Las Bahamas, ubicada en El Retén (Magdalena).
Ella afirma que ese predio hace parte del patrimonio legítimo de sus dos hijas a pesar de que sobre el bien ya hay fallo de extinción de dominio y de que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han negado varias tutelas con las que Vives ha intentado quedarse con la finca.
La ocupación ilegal también afecta a seis locales en el centro comercial Amorel, en Pasto (Nariño), que le fueron incautados a la pirámide ilegal de David Murcia Guzmán, (DMG) –condenado por captación ilegal de dineros– y sobre los que hay medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio.
Pero el bien más problemático del inventario de los ocupados por el Estadoes la ciudadela que construyó el alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, alias Jhon Calzones, en donde viven 4.000 familias. Allá no solo habrá que enfrentarse a los ocupantes ilegales, sino resolver el drama de miles de compradores de buena fe en terrenos incautados a un testaferro de un narco de los Llanos.
Lío con ciudadela de ‘Jhon Calzones’
Una bomba de tiempo es la Ciudadela La Bendición, construida ilegalmente por el alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, alias Jhon Calzones, investigado por urbanización ilegal y por enriquecimiento ilícito.
La ciudadela, que tiene 4.170 viviendas y en la que viven más de 20.000 familias, fue levantada sin ningún permiso en un lote en extinción de dominio.
En diciembre del año pasado la SAE emitió una resolución para que ocupantes ilegales de los predios Los Manantiales y El Copey (que hacen parte de La Bendición) sean desalojados, solicitud que aún no se ha hecho efectiva porque se encuentra en trámite en la Secretaría de Gobierno de Yopal.
La mayoría de familias viven en el predio Claveles, sobre el que aún no hay órdenes de desalojo. Hay un limbo jurídico, pues no se sabe qué va a pasar con los que compraron en la urbanización ilegal. “Sobre la totalidad de La Bendición no se ha pedido el desalojo, dada la complejidad social que esto representaría”, asegura una fuente.
En su administración, la SAE ha seguido llevando agua y energía a las familias afectadas por la venta ilegal de ‘Jhon Calzones’.
