CirugÃas pendientes, medicamentos que no llegan, trasplantes que no se realizan y tratamientos frenados para cientos de personas recluidas en cárceles del paÃs llevaron a que este jueves, el recién nombrado ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, declarara la emergencia carcelaria.
El jefe de la cartera de Justicia reconoció que de los 138 centros penitenciarios que hay en el paÃs, 74 no tienen servicios médicos. Y declaró como crÃtica la situación de 611 internos con VIH, 89 con cáncer, 1.112 diabéticos insulinodependientes, 188 diagnosticados con Epoc y 2.884 que requieren atención psiquiátrica que desde octubre pasado, con la liquidación de Caprecom, quedaron desamparados.
En los últimos meses las denuncias se han multiplicado, toda vez que el nuevo sistema de salud, en manos del Fondo de Atención en Salud PPL, aún no entra en operación. Incluso, en el último mes internos de trece centros penitenciarios entraron en huelga de hambre para exigir una respuesta por la falta de atención médica. Este jueves seguÃan en declaratoria de desobediencia 135 presos de la cárcel de Doña Juana en la Dorada (Caldas) y más de 600 de la cárcel de Palo Gordo, en Girón (Santander).
El plan de acciones definitivas que se llevará a cabo hasta diciembre para responder a la crisis, será presentado, indicó Londoño, el próximo martes por parte del Inpec, la Uspec y la Fiduprevisora. No obstante, este jueves, en su primera rueda de prensa como Minjusticia, anunció la inmediata puesta en marcha de tres medidas.
La primera consiste en la realización de brigadas de salud desarrolladas por una red de apoyo con participación de las direcciones seccionales de salud de los departamentos, ONG y Fuerza Pública.
También, estimó la modificación del manual de funcionamiento del Inpec para que profesionales de salud que son funcionarios de áreas administrativas puedan prestar servicios asistenciales. Finalmente, ordenó la ejecución inmediata de obras de mantenimiento de las áreas de sanidad.
El nuevo Minjusticia explicó también que la declaratoria de emergencia no corresponde a una solución de fondo para las necesidades del sistema de salud carcelaria, pero señaló que es la decisión más inmediata para contener los problemas más crÃticos. No descarta tampoco otras posibilidades que tienen que ver con flexibilizar los requisitos para la concesión de libertad condicional, prisión domiciliaria o vigilancia electrónica.
No obstante, la DefensorÃa del Pueblo aunque calificó de bien intencionada la decisión insistió que lo que se necesita es una declaración de emergencia social carcelaria, un estado de excepción que implique la asignación de mayores recursos, la modificación del modelo de salud y del régimen carcelario.
Según la DefensorÃa, hoy por cada médico hay 496 internos y el represamiento de procedimientos afecta a 10.000 personas privadas de la libertad.
Asà mismo, en un boletÃn enviado luego del pronunciamiento del Ministro describió que, en la actualidad, el 55 por ciento de los centros penitenciarios en Colombia no tienen suministro de medicamentos, el 83 por ciento no tiene insumos médicos y el 88 por ciento no aplica protocolos de recolección de residuos.
En una reciente entrevista a este diario, el director del Inpec, el general Jorge Luis RamÃrez, habÃa indicado que el traumatismo en la entrada en operación del nuevo sistema tiene su origen en la liquidación de Caprecom, pues los operadores de servicios se han negado a firmar los contratos sin que antes se paguen las deudas de la EPS pública.
