Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Mientras las negociaciones entre la llamada ‘cruzada nacional camionera’ y el Gobierno están en el punto más frío, el Ejecutivo decidió extremar las medidas de contingencia para garantizar el abastecimiento de productos en las diferentes zonas del país y la movilización de la carga. Adicional a las investigaciones en marcha y a la protección de las caravanas, las autoridades aumentaron el pie de fuerza en las vías, que ya es de 50.000 hombres, y pusieron en marcha un centro de logística para que no haya desabastecimiento, permitiendo que, provisionalmente, vehículos particulares puedan transportar mercancías.
Además, a todo conductor que esté delinquiendo en las vías en lugar de hacer una protesta pacífica, se le cancelará la licencia de conducción y se incautarán los vehículos que bloqueen vías, para extinguir su propiedad, además, se cancelarán las licencias de operación. Según el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, las empresas que no presten este servicio público serán multadas con hasta 480 millones de pesos.
El funcionario resumió las negociaciones, tras 38 días de paro, señalando que mientras el Ejecutivo ha tenido en cuenta varios aspectos y ha cedido, los promotores mantienen su posición original.
Chatarrización
Gobierno. El Ministerio de Transporte plantea un revolcón, haciendo un proceso sin intermediarios, organizado y sin corrupción.
Bajo la premisa de privilegiar al pequeño transportador y no a los que tienen 10, 20 o 30 camiones, la propuesta es convertir ya, en efectivo, 800.000 millones de pesos que hay de una cuenta oficial con cargo a presupuestos futuros, constituyendo una fiducia.
Así se reemplazarían 13.000 vehículos viejos con más de 20 o 25 años de operación en el mercado.
Camioneros. “Quieren que este esquema se quede igual y, además, que la plata de la chatarrización sea otra discusión”, dice el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas.
Hoy se puede desintegrar un vehículo mediante un reconocimiento económico, entre 60 y 90 millones, y el dueño del camión sale del mercado y el propietario se retira del negocio.
La otra vía es chatarrizar y para este fin se recibe un certificado y el dueño del camión compra uno nuevo en el mercado. Este es el sistema que se conoce como ‘el uno a uno’, en el que pululan los intermediarios, que compran los carros a precios inferiores y se ganan la diferencia.
Sobreoferta ilegal
Gobierno. El Ministerio de Transporte calcula entre 15.000 y 20.000 los carros mal matriculados, que afectan la oferta, producto de falsificaciones y gemeleo de vehículos.
La propuesta es un plan para revisar las matrículas y sacarlos de circulación, pero dando la opción a los tenedores de buena fe de chatarrizar y recibir un capital por su tractomula.
Camioneros. Para los promotores de paro, en este aspecto el riesgo no solo es la oferta ilegal, sino la entrada de la firma suiza Impala y de cualquier empresa grande que quiera competirles.
La puja por las tarifas
Gobierno. El Ministro de Transporte reconoce fallas y dice que la revisión se debe dar con todos los actores de la cadena (transportadores, empresas y generadores de carga), una vez se levante el paro.
Como acciones inmediatas, se actualizarían los costos peajes que no se han informado o que se han creado, así como las variaciones de los combustibles y los tiempos de cargue y descargue, que en el sistema están en cero horas, pero que según un estudio del Dane tienen un promedio de seis horas.
Al mes siguiente se contratará un estudio para actualizar este sistema y, mientras sale el análisis, de forma provisional se intervienen 38 rutas (por las que se mueve el 80 por ciento de la carga).
Con estos cambios se daría un aumento del 8,5 por ciento en las tarifas, sobre lo que hoy se paga en la calle.
El impacto para el consumidor sería del 2,5 por ciento, nivel que se considera manejable.
Ahí hay casos en los que se pacta por encima o por debajo, en algún porcentaje, el valor que es, pero lo que no puede haber es una distorsión grande en el mercado.
Camioneros. Según el ministro Jorge Eduardo Rojas, en las diferentes reuniones, los promotores del paro han dicho que quieren que el sistema de costos, que ellos mismos pidieron en el 2011, termine y que haya un valor fijo por pagar, fijando un piso.
“Si usted acaba el Sice y tiene valores fijos, es una tabla por rutas, que es lo mismo a tener una tabla de fletes”, agrega el funcionario.
Señala además que, con ello, los valores de referencia subirían en promedio 30 por ciento.
En la práctica, si se acepta esta propuesta, los incrementos a los consumidores serían del 10 por ciento.
El proceso al cartel de la chatarrización
Desde hace tres años, la Dijín venía rastreando una red dedicada al cobro fraudulento del reconocimiento económico que ofrece el Estado por vehículos viejos sacados de circulación y, sobre todo, al cobro por carros que no existían, que denominaron ‘vehículos virtuales’. También pedían dinero por aquellos declarados en pérdida total a causa de accidentes.
En la operación Desintegración Uno y Dos se capturaron 20 personas. Trece de ellas están en prisión, a la espera de que se defina su situación penal.
Están en las cárceles de Jamundí y Villahermosa, Valle, y en Barranquilla.
El 11 de septiembre de 2014 se capturaron 11 personas. Según la Dijín, adulteraban documentos para acceder a los beneficios. Esta parte de la banda delinquía en el Valle, sobre todo en Cali, Palmira, Buga, Miranda y Jumbo. El 15 de septiembre se puso en marcha una segunda parte, en la que resultaron detenidas nueve personas.
Entre los detenidos hay un funcionario del Ministerio del Transporte, Cheiner Gutiérrez Ospina, que, según la investigación, era quien facilitaba el proceso desde el interior, así como el pago de los recursos. Gutiérrez realizaba los cambios en la base de datos, de servicio público a carro particular, de volqueta a tractocamión, y hasta les aumentaba su capacidad de carga.
En la misma redada resultó detenido Luis Eduardo Aguilar Rodríguez, hermano del actual presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Pedro Aguilar Rodríguez, uno de los promotores del paro.
Los otros que están presos son: Germán Cano Jaramillo, Jenny Vanessa Muñoz Gil, Libardo Yaguara y Andrés Villegas Ramírez, Cecilia Abril de Rivera, Juan Antonio Fontalvo Rodríguez, Rafael Ignacio Rincón Castro, Fabián Andrés Rincón Pérez, Alfonso José Sierra Díaz, Lenin de Jesús Valencia Sánchez y Marco Aurelio Acosta Ojeda.
Estas personas están en dos procesos por falsedad en documento público, falsedad en documento privado, estafa agravada y fraude procesal.
La Fiscalía detectó el cobro por 52 vehículos fantasmas. Por estos carros, el ‘cartel de la chatarrización’ cobró 3.640 millones de pesos. Por cada uno exigieron 70 millones.
