Tras el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, decretado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, el Ejército y la Policía Nacional desplegaron un operativo de seguridad para garantizar que no se presenten problemas de orden público en el puente Internacional Simón Bolívar a causa de la molestia que causó tanto en colombianos como en venezolanos dicha medida. A su vez, la guardia venezolana se ubicó en toda la frontera para evitar el paso de las personas hacia su país.

En la noche del lunes, el mandatario venezolano argumentó el cierre de la frontera por 72 horas en que de esta forma le daba un duro golpe a las mafias que, a través de Colombia, estarían contrabandeando con dinero, razón por la que también sacó de circulación los billetes de mayor denominación (100 bolívares). (Lea: ¿Por qué Maduro retira los billetes de 100 bolívares del mercado?)

Según aseguró en su alocución, mafias desde nuestro país habrían sacado de Venezuela más de 300.000 millones de bolívares, que corresponden a unos 448 millones de dólares, hacia Europa y Asia.

Al conocerse la noticia, en este sector de la frontera se veía correr a las personas para lograr cruzar la frontera antes de que fuera cerrada. Cientos de personas y comerciantes de Cúcuta están a la espera de que el cierre sea por sólo tres días y que no sea prolongado por mayor tiempo, como lo hizo antes el presidente Nicolás Maduro.

Además exigen a la Cancillería y al Gobierno pronunciarse sobre esta medida y defender los derechos de los colombianos, pues el comercio de la zona ya se vio afectado en un 90%.

El ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol, aseguró que las autoridades tienen “plenamente comprobado” que había grandes almacenes de billetes de 100 bolívares (0,15 dólares) en Suiza, Polonia, Ucrania, España, Alemania y República Checa y, al mostrar fotos de estos supuestos galpones, dijo que el acuerdo era que ese dinero volviera al país a un cambio preferente “una vez cayera el gobierno” de Maduro.

En agosto de este año, la frontera fue reabierta tras casi un año de cierre (también por orden de Nicolás Maduro) porque grupos paramilitares habrían atacado a dos militares venezolanos. La medida causó la deportación de casi 20.000 colombianos, la mayoría de ellos salieron del vecino país porque sus vidas corrían riesgo al ser acusados de ser paramilitares: sus casas fueron marcadas y demolidas.