La jueza 26 de control de garantías legalizó la captura del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales en el marco del proceso que se le adelanta por presuntamente haber recibido 6.5 millones de dólares para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht con millonarios contratos de obras públicas en Colombia entre los años 2009 y 2010. (Leer “Gabriel García me traicionó”: Uribe sobre captura de su funcionario por caso Odebrecht).
García Morales habría favorecido el proceso licitatorio de la ‘Ruta del Sol Tramo 2’ para la empresa brasileña cuando fungió como director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO). (Leer: Exviceministro de Transporte Gabriel García, el primero en caer por caso Odebrecht).
La audiencia reservada, que se extendió hasta la madrugada de este sábado, tuvo que ser aplazada tras un problema de salud que presentó el exviceministro de Transporte. Hecho por el cual tuvo que ser reprogramada para las 8 de la mañana del próximo domingo 15 de enero. (Ver ¿Qué obras y qué líos tiene Odebrecht en Colombia?).
En esta diligencia judicial la Fiscalía le imputará los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contrarios y enriquecimiento ilícito. Igualmente, solicitará a la jueza de garantías que lo cobije con medida de aseguramiento privativa de la libertad. (Leer también: Exviceministro García Morales negó haber recibido sobornos de Odebrecht).
El fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció que en los próximos días se tomarán otras decisiones de fondo en las investigaciones que se adelantan por estos hechos de corrupción. El jefe del ente investigador aseguró que ya se tienen identificados a los otros funcionarios y particulares que recibieron sobornos para favorecer la entrega de contratos viales.
Así fueron los sobornos
El pasado jueves el Fiscal General explicó que existen pruebas suficientes para inferir la participación de García Morales en el recibimiento de estos sobornos cuando se desempeñó como gerente encargado del Instituto Nacional de Concensiones.
Los pagos para la adjudicación del Tramo Dos de la Ruta del Sol habrían sido realizados en Brasil por medio del Departamento de Operaciones Estructurales de dicha empresa. De esta forma, Odebrecht habría logrado beneficiarse con millonarios contratos en Colombia resultando favorecida en los procesos de licitación adelantados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Martínez, aseguró que “la investigación ha concluido en los otros contratos en los que hubo actos de corrupción. Tenemos las pruebas documentales, tenemos identificados los contratos respectivos”, precisó el jefe del ente investigador al señalar que en los próximos días se tomarán otras decisiones de fondo.
“La firma Odebrecht efectuó evidentemente pagos para obtener la celebración de varios contratos en Colombia. Un primer pago por valor de 6,5 millones de dólares se llevó a cabo para lograr la adjudicación de la concesión, por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), dirigido en calidad de encargado por Gabriel García Morales, entonces viceministro de Transporte (…) Este contrato fue adjudicado en diciembre de 2009 y firmado en enero de 2010”, explicó.
El fiscal general igualmente aseguró que se presentaron pagos cercanos a los 11,1 millones de dólares para beneficiar a la empresa brasileña con contratos de obras públicas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) “durante la actual administración”. Martínez precisó que las pruebas recolectadas hasta el momento permiten inferir que se presentó un grave caso de corrupción en Colombia.
El ente acusador busca establecer la totalidad de los terceros y servidores públicos que tienen responsabilidad en estos hechos de corrupción administrativa. “Vamos a llegar a todos los implicados e involucrados en estos hechos; no se trata solamente de contratos del orden nacional. La Fiscalia General ha identificado igualmente contratos que se han realizado del orden local con entidades territoriales”.
El pasado 21 de diciembre la firma Odebrecht reconoció el pago de sobornos en diferentes países de América Latina para la obtención de millonarios contratos viales. “En el caso de Colombia -señala el acuerdo firmado entre la empresa, la Procuraduría de Brasil, el Departamento de Justicia de los EE. UU. y la Procuraduría General de Suiza- los pagos suman 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 también para asegurarse contratos de obra pública”.