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Los Ángeles 10 FEB 2017 La Corte de Apelaciones rechazó este jueves el recurso del Gobierno de Estados Unidos contra la decisión de un juez federal de Seattle que el pasado viernes paralizó el veto migratorio de Donald Trump. La decisión, tras dos días de deliberaciones, supone un golpe a una de las medidas más explosivas de Trump, que no se podrá aplicar mientras la justicia decide sobre su constitucionalidad. El fallo dice que el Gobierno no ha aportado “ninguna prueba” de la urgencia para vetar a ciertos inmigrantes de un día para otro.
La decisión de la Corte afecta a la orden ejecutiva (decreto) que Donald Trump dictó el pasado 27 de enero por la cual quedaba suspendida durante 90 días la entrada Estados Unidos de ciudadanos de siete países (Irán, Irak, Somalia, Sudán, Libia, Yemen y Siria) de mayoría musulmana previamente identificados como fuentes de terrorismo internacional. Además, suspendía durante 120 días la entrada de refugiados y de manera definitiva para los refugiados sirios.
El Gobierno de Trump argumenta que es necesario negar la entrada temporalmente a estas personas mientras se elabora una nueva política de inmigración. La decisión de la Corte dice en sus argumentos que el Gobierno “no ha demostrado que la aplicación sea necesaria para evitar un daño irreparable”. La denuncia presentada por los estados de Washington y Minnesota decía que frenando la aplicación de la orden no hay ningún peligro, ya que lo único que hace es mantener el statu quo que había hasta ahora. El fallo dice que el Gobierno no ha conseguido probar que no sea así.
Además, los jueces añaden: “El Gobierno no ha mostrado ninguna prueba de que ningún extranjero de los países nombrados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos. En vez de presentar pruebas que expliquen la necesidad de la orden ejecutiva, el Gobierno ha adoptado la posición de que no debemos revisar su decisión de ninguna manera. No estamos de acuerdo”.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito tiene jurisdicción sobre todos los estados del oeste. El panel que ha tomado la decisión está compuesto por un juez nombrado por el presidente Jimmy Carter, otro nombrado por George W. Bush y otro nombrado por Barack Obama. La decisión se ha tomado por unanimidad.
Inmediatamente después de conocerse la decisión, el presidente Trump respondió en Twitter con un mensaje en mayúsculas: “¡Nos vemos en los tribunales! ¡La seguridad de nuestra nación está en juego!”.
La orden fue paralizada en todo el país el pasado día 3 como medida cautelar por decisión del juez federal de Seattle James Robart, a petición de los estados de Washington y Minnesota, que presentaron una denuncia de inconstitucionalidad de la ley. El primer recurso a esta decisión fue rechazado por el propio juez Robart al día siguiente. Esta es la segunda vez que es rechazada la petición de Trump de que se levante la medida cautelar contra su decreto. El Gobierno puede ahora intentarlo una vez más con un recurso al Tribunal Supremo, o renunciar y aceptar que el veto migratorio siga paralizado mientras la denuncia sigue su curso en el juzgado de Seattle.
La aplicación inmediata de la orden de Trump desde la tarde del día 27 provocó el caos en los aeropuertos internacionales de Estados Unidos, donde familias que esperaban a ciudadanos de estos siete países con visados ya aprobados. Personas incluso con residencia permanente (Green card) en EE UU, que estaban de visita en sus países de origen, fueron detenidas al volver a casa y se les impidió la entrada. Las aerolíneas empezaron a impedir el abordaje a ciudadanos de esos países, independientemente de su documentación.
Abogados de derechos civiles denunciaron que la policía de aduanas (CBP) estaba aplicando la orden en su interpretación más extrema, a todas las personas de esas nacionalidades, con residencia y visado previamente aprobados y en vigor, además de ocultar las cifras de afectados durante días. Más de 60.000 personas se vieron afectadas, según las últimas cifras divulgadas.
Lo que estaba en cuestión en la Corte de Apelaciones no era la constitucionalidad de la orden ejecutiva, sino la pertinencia de su suspensión cautelar mientras se resuelve la denuncia presentada por Washington, Minnesota y otros contra ella. Es decir, los jueces valoran si es más perjudicial aplicarla, y que luego sea ilegal, o no aplicarla y que luego sea legal. En general, la justicia concede amplios poderes al Ejecutivo en materia de inmigración. Sin embargo, un fallo de este tipo indica que los jueces aprecian posibilidades de éxito en la demanda de inconstitucionalidad, por eso le conceden la medida cautelar.
La orden ejecutiva del presidente es la única de las que ha firmado hasta ahora que ha tenido consecuencias inmediatas y muy visibles en las vidas de decenas de miles de personas. La situación se ha normalizado en los aeropuertos en estos días. Las familias afectadas han aprovechado para realizar los viajes que no pudieron hacer durante la primera semana de aplicación de la orden.
La decisión de la Corte de Apelaciones llega después de seis días de enorme tensión política en torno al caso, en los que el presidente ha utilizado Twitter para decir que el juez Robart es un “supuesto juez”, que la decisión es “ridícula”, que los jueces ponen en peligro la seguridad de Estados Unidos y que, “si pasa algo”, ellos son los responsables.
La diatriba de Trump contra el poder judicial en esta semana ha hecho que incluso su nominado para cubrir la vacante que hay en el Tribunal Supremo, el juez conservador Neil Gorsuch, haya dicho que la actitud del presidente es “desmoralizadora”. Lo dijo en una conversación privada con senadores que fue divulgada el miércoles.
