La Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención por el aumento de casos de desplazamiento forzado en varios de los territorios que fueron dejados por las Farc en el departamento del Chocó marco del proceso de entrega de armas y reintegro a la vida civil tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno.
El alto tribunal determinó, tras hacer una visita a la región del Bajo San Juan, que se han presentado constantes emergencias humanitarias en las zonas habitadas por comunidades afrodescendientes e indígenas por la presencia de grupos armados ilegales que adelantan una disputa territorial.
En este sentido señala que existe un riesgo para la comunidad por la “presencia, control y disputa territorial entre distintos grupos armados como post-desmovilización, el ELN” que continúan en la zona y quieren apropiarse de los territorios dejados por las Farc en los últimos meses.
Resalta que entre enero y mayo de 2010 se registró un constante aumento en los casos de desplazamiento forzado. “En el municipio del Litoral del San Juan resultaron afectadas 4.166 personas; en el alto Baudó 1.604, y en el medio Baudó, 200 integrantes de comunidades étnicas”.
A esto se le suman los constantes enfrentamientos entre otros grupos armados ilegales y la Fuerza Pública. Los miembros de la comunidad, al verse en situación de riesgo por el fuego cruzado se ven obligados a abandonar sus tierras y buscar protección y refugio en otras zonas.
Igualmente considera que van en aumento las amenazas contra líderes sociales y campesinos quienes se han visto obligados a salir con sus familias de la región con el fin de salvaguardar su integridad personal.
Por estos hechos la Corte Constitucional le solicitó al Gobierno un informe sobre políticas públicas se han adoptado e implementado para la protección de las comunidades étnicas en el departamento del Chocó.