Domingo, 24 de Noviembre del 2024 
Donald Trump quiere resultados. Cifras de inmigrantes ilegales expulsados de Estados Unidos de las que poder ufanarse como objetivos cumplidos. La deportación de extranjeros irregulares fue una de sus proclamas electorales y es ahora una de sus prioridades inmediatas. En febrero delineó las directrices de su plan de deportaciones masivas y el aparato está trabajando a marchas forzadas para ejecutarlo. Este viernes se ha conocido a través de la agencia Reuters que el Departamento de Justicia prepara la movilización de jueces de inmigración a las 12 ciudades con más potencial de deportaciones.
Una portavoz de Justicia ha confirmado que por lo pronto se han identificado las ciudades a las que se deberá enviar más jueces, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Miami, El Paso o Phoenix. La cifra de jueces a desplazar y la fecha de movilización no se han concretado aún. De acuerdo con datos de Justicia, en conjunto en esas ciudades están en curso unos 9.000 procesos judiciales a inmigrantes indocumentados. Todos ellos podrían ser deportados de inmediato cumpliendo las órdenes del presidente de priorizar la expulsión de los indocumentados que hayan cometido delitos o que estén siendo procesados, independientemente de que hayan sido o no sentenciados. El trasvase de jueces de unos lugares a otros podría reducir recursos en puntos del país ya atascados de casos por resolver y desquiciar aún más un sistema judicial que sobrepasa el medio millón de casos pendientes. Pero el presidente libra sus propias batallas.
Este viernes Trump volvía a tronar contra los inmigrantes afirmando en una rueda de prensa: “La inmigración es un privilegio, no un derecho”.
En campaña el presidente utilizó la inmigración como uno de sus espantajos preferidos para aglutinar las emociones nacionalistas y xenófobas en torno a su candidatura, sin vacilar en generalizar sus caracterizaciones de los mexicanos como narcotraficantes y criminales y anunciando una medida que hoy es decreto ejecutivo y otra de sus ansias: erigir un muro en la frontera sur.
Su obsesión por la expulsión de inmigrantes se ha concretado en directrices de máximos que en la práctica vuelve objeto de deportación a los 11 millones de indocumentados de EE UU, con prioridad para los relacionados con delitos. “Todos aquellos que violen las leyes de inmigración (extranjeros ilegales) podrán ser deportados”, se ha estipulado en documentos del Departamento de Seguridad Nacional, a cargo del general John Kelly, brazo deportador de Trump.
La directriz exceptúa a los conocidos como dreamers, menores escolarizados que llegaron sin papeles a EE UU, siempre que no hayan cometido un delito, y a los refugiados o a aquellos extranjeros que puedan demostrar que su vida estaría en peligro si son enviados de vuelta a su país de origen.
Las órdenes de Trump han elevado a dos años de permanencia en EE UU el periodo de validez para expulsar de inmediato a un indocumentado (frente a los 14 días establecidos por la administración de Barack Obama) y ha extendido esa medida a cualquier punto del territorio, mientras que hasta ahora solo se iniciaba la deportación inmediata con los detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera. Además se contratará a 10.000 nuevos agentes de Inmigración y 5.000 fronterizos, y el presidente amenaza con sancionar a las ciudades que no colaboren con la detección de extranjeros indocumentados.
La reasignación de jueces a las zonas calientes de la inmigración será una de las piezas necesarias para instrumentar la maquinaria de la deportación exprés.
