Jueves, 17 de Abril del 2025 
Por el descalabro económico de la refinería de Cartagena, Reficar, la Fiscalía imputará cargos el próximo 7 de junio a ocho directivos y exdirectivos de la entidad y las empresas asociadas.
Orlando Cabrales Martínez, presidente de Reficar 2009-2012; Reyes Reynoso Yánez, presidente de Reficar 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar; Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream Ecopetrol 2008; Nicolás Isaksson Palacios, líder grupo jurídico de Reficar; Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal de Reficar; Philip Kent Asherman, representante legal CB&I 2010; Massoud Deidehban, director proyectos y representante legal CB&I 2009, tendrán que responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos por el detrimento que sufrió Reficar.
El fiscal señaló que para concluir con la fase de investigación relacionada con la selección del socio estratégico del proyecto y la posterior salida de Glencore también serán llamados a interrogatorio Isaac Yanovich Farbaiarz, presidente de Ecopetrol 2002-2006; Javier Genaro Gutiérrez, presidente de Ecopetrol 2007-2015; Jaime Leonardo Flórez Muñoz, gerente de vicepresidencia de refinanciación de Ecopetrol 2007-2008; Jorge Enrique Carbajal, presidente de Reficar 2006-2008; Andrés Virgilio Riera Burelli, vicepresidente de preparación y puesta en marcha de Reficar 2015-2016; Richard Cohen, representante legal de Glecore 2008-2009; Sergio de la Vega Jiménez, ejecutivo de Glencore y suplente del presidente de Reficar 2007, y Christian Augusto Mantilla Daza, director del proyecto Foster Wheeler & Process Consultant Inc. 2015.
La Contraloría ha dicho que las pérdidas económicas de la refinería alcanzan los 17 billones de pesos; sin embargo, el fiscal señaló que en los ocho meses de investigación, el ente acusador recogió evidencias del desfalco estimado en 610.140 millones de pesos. Según Martínez ese hallazgo es suficiente para lograr la condena de los responsables porque seguir indagando por todo el dinero podría exponer la investigación a la prescripción de los delitos. Manifestó, además, que “si el caso de Odebrecht es una medida de corrupción, Reficar equivale a 18 Odebrecht”.
El fiscal hizo énfasis en que durante la construcción de la refinería ocurrieron un gran número de irregularidades empezando por el cambio en la modalidad del contrato que pasó de ser ‘llave en mano’ a uno de ‘costos reembolsables’; es decir, que el 100 % del costo del proyecto fue asumido con capital del Estado.
La Fiscalía reconstruyó el proceso de irregularidades que se dieron durante la modernización de la refinería:
El fiscal Néstor Humberto Martínez contó que desde el año 1996 se planteó la necesidad de modernizar a Reficar como un proyecto de “importancia estratégica” para el país. Así, en dos Conpes se buscó un socio estratégico que financiara el proyecto.
Gracias a ello, en el 2006 se eligió a la compañía Glencore International AG como el
inversionista mayoritario del proyecto. Glencoer quedó con el 51 por ciento de las acciones y Ecopetrol con el 49 por ciento.
En el año 2009, “sin haber financiado el proyecto y alegando un evento
imprevisto, imprevisible e irresistible, Glencore se retiró de la sociedad
Reficar, y Ecopetrol adquirió el ciento por ciento de la participación
accionaria de la Refinería”, aseguró el Fiscal.
Cuando salió Glencore, Reficar contrató a Foster Wheeler & Process Consultant Inc. (FJPVC) para llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto. En el 2010, suscribió dos nuevos contratos con EPC con CB&I en la modalidad contractual “costos reembolsables”, por lo que se desconoció la modalidad de contrato que inicialmente se había fijado, que era “llave en mano”.
Los contratos con EPC y CB&I se presentaron sobrecostos
Durante el anuncio, el fiscal narró que en virtud de los acuerdos que siguieron a la salida de Glencore, Reficar incurrió en pagos “irrazonables” y “desproporcionados” bajo diferentes modalidades, entre ellas el desembolso de dinero por servicios que nunca se prestaron, por trabajadores que no estuvieron en las obras o que se contrataron para actividades que fueron aplazadas y quienes aun así recibieron sus salarios.
También hubo pagos por gastos extravagantes, no relacionados con el proyecto; pagos dobles o por equipos que no prestaron sus servicios. En particular, señaló el fiscal, Reficar pagó facturas que habían sido rechazadas por el supervisor del contrato -Foster Wheeler & Process Consultant Inc. (FJPVC)-.
Las irregularidades que la Contraloría halló en Reficar
El costo del proyecto, según la Contraloría, pasó de 3.460 millones de dólares en el 2009 a 8.016 millones de dólares cuando finalizó en el 2016. Así, de una rentabilidad esperada de 16,1 por ciento se pasó a una del 4,35 por ciento.
En marzo de este año, la Contraloría calculó que el daño fiscal por las irregularidades en la Refinería de Cartagena (Reficar) son de 4.144 más un lucro cesante de 1.936 millones de dólares por la entrada tardía de la operación, es decir, 6.080 millones de dólares.
La cifra es de seis veces el daño fiscal de Saludcoop, el más grande del país hasta ahora, que fue de 1,4 billones de pesos.
Algunos de los hechos encontrados fueron:
– Tan solo en el arriendo de baños portátiles para los miles de empleados que construyeron la Refinería de Cartagena (Reficar) hubo sobrecostos por más de 9.597 millones de pesos.
– Las irregularidades en la contratación equivalen a 943 millones de dólares, a los que se suman 1.936 millones de dólares “que no ingresaron al patrimonio del Estado por la demora de 27 meses del proyecto”.
– Reficar no se desarrolló bajo un modelo de buenas prácticas. Comenzó obras sin los diseños y solo cuando ya se había construido el 52 por ciento del proyecto se tuvieron los estudios definitivos.
– Ecopetrol seleccionó como socio estratégico a Glencore International A. G., por encima de la brasileña Petrobras, a pesar de que la primera “no certificó experiencia alguna en el desarrollo de proyectos de refinación”.
Tan solo en el arriendo de baños portátiles para los miles de empleados que construyeron la Refinería de Cartagena (Reficar) hubo sobrecostos por más de 9.597 millones de pesos
– Se aprobó un plan de incentivos superior a los 80.000 millones de pesos, “con el único propósito de terminar rápidamente la refinería y a pesar del incumplimiento de las metas”.
– Sobrecostos inaceptables como el pago de llamadas telefónicas y costos de minibar no justificados por 7.947 dólares por parte de la compañía CB&I; o el pago de 724 millones de pesos por el alquiler de 30 buses que nunca se usaron, entre otros. En el alquiler de 84 grúas hidráulicas se dio un daño fiscal por 37.000 millones de pesos, de acuerdo con el informe.
– Solo la maquinaria sin entrar en operación deja un detrimento de más de 1.500 millones de dólares.
Funcionarios llamados a proceso fiscal por la Contraloría:
Entre los funcionarios llamados en el proceso fiscal están quienes hacen o hicieron parte de la junta directiva de Ecopetrol. Ellos son el ministro Mauricio Cárdenas, el presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry Garzón, el exmiembro de la junta directiva Fabio Echeverry Correa, el exministro Mauricio Santa María Salamanca, además del ministro Luis Carlos Villegas. La Contraloría también abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Hernando José Gómez, Carlos Rodado Noriega, Federico Rengifo Vélez, Joaquín Moreno Uribe, Ana Fernanda Maighuasca, Amilkar Acosta Medina, Roberto Steiner Sampedro, Jorge Pinzón Sánchez, Tomás González Estrada, Luis Fernando Ramírez A, Gonzalo Restrepo, Horacio Ferreira y Henry Medina González.
Además fueron llamados a proceso de imputación fiscal los funcionarios de la Refinería de Cartagena: Orlando Cabrales Martínez, Reyes Reinoso Yanes, Felipe Castilla, Magda Manosalva, Carlos Eduardo Bustillo, Andrés Virgilio Riera, César Luis Barco García.
De otro lado, también serán investigados fiscalmente los miembros de la junta directiva de Reficar. Ellos son Javier Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Calixto, Gloria Inés Cortés, Hernán Martínez, Hernando José Gómez, Henry Medina, Natalia Gutiérrez, Uriel Salazar, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta y Carlos Eraso.
Los contratistas que serán investigados son Chicago Bridge & Iron Company, CBI Chigado Bridge & Iron, CB&I UK Limited, CBI Colombiana S.A., Foster Wheller Usa Corporation y la firma Process Consultants Inc.
