Caso del Palacio de Justicia tiene por fin un fiscal en cabeza de las investigaciones

El caso del Palacio de Justicia tiene por fin un fiscal en cabeza de las investigaciones. Luego de varios meses de “orfandad”, tras la salida de la fiscal Yenny Claudia Almeida, quien dirigía las indagaciones del grupo especial que conformó el exfiscal Eduardo Montealegre, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez delegó a un funcionario para que se encargue de este importante expediente: el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, Jorge Hernán Díaz.

Las víctimas estaban tan inquietas con esta “silla vacía” que incluso Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán (cuyos restos fueron hallados a principios de junio de este año), presentó una tutela para que la Fiscalía designara a alguien a cargo de este voluminoso proceso. El pasado 29 de junio, el Consejo Seccional de la Judicatura rechazó la tutela precisamente porque la Fiscalía confirmó que el caso había sido asignado al fiscal Díaz. En la resolución, el organismo investigativo reiteró de paso la conformación de un grupo interno para continuar con las investigaciones.

Abogado de la Universidad Católica de Colombia, Díaz ha sido magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema, juez, litigante y profesor universitario. Había estado en la unidad de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia con Montealegre y fue ratificado en ella dos semanas después de que Martínez se posesionara como fiscal general. En sus manos están casos sensibles como el del exfiscal Rodrigo Aldana, quien ya aceptó que había recibido un apartamento de Otto Bula como pago a cambio de favorecerlo en ciertos procesos de extinción de dominio.

En noviembre de 2014, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana por sus fallas y omisiones para proteger a los ciudadanos que fueron torturados, ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos en los hechos del Palacio de Justicia en 1985, luego de que el M-19 se tomara la sede máxima de la justicia y de que las Fuerzas Militares respondieran, advirtió la misma Corte, de manera desproporcionada y excesiva. Ese fallo, en el que se dio la orden de seguir buscando a los desaparecidos, fue el punto de partida para que el entonces fiscal Eduardo Montealegre creara un grupo especial.

Desde entonces surgieron nuevas líneas de investigación. Por ejemplo, se abrieron procesos no por las tres personas torturadas que reconocía la Corte Interamericana: la Fiscalía habla de al menos 11 víctimas de tortura; personas que como Yolanda Santodomingo, estudiante del Externado en esa época, sobrevivieron a la toma y recuperación del Palacio pero fueron sometidos a vejámenes mientras estaban detenidos por los militares. La línea de investigación más notoria, sin embargo, ha sido la de los desaparecidos: en los últimos dos años largos, se han exhumado unas 25 tumbas para confirmar que la entrega de cuerpos en 1985 fue un caos.

Por cuenta de esas pesquisas se descubrió que el magistrado Emiro Sandoval estaba en la tumba de alguien más; los restos del magistrado Pedro Elías Serrano siguen en el exterior sometidos a exámenes de ADN porque se sospecha que en su tumba reposaba una mujer; la osamenta de Lucy Amparo Oviedo fue hallada en una caja en la Fiscalía que correspondía a la exhumación masiva del Cementerio del Sur de Bogotá en 1998. Ha sido dramático, sobre todo, porque a pesar de estos hallazgos, la Fiscalía no ha podido darles a las víctimas lo que llevan pidiendo 30 años: la verdad. ¿Qué pasó con sus familiares? Resolver ese interrogante y otros tantos es el gran reto que asume el nuevo fiscal del caso, Jorge Hernán Díaz.

Plantón

Por otra parte, en la mañana de este jueves, frente a la Cancillería en el centro de Bogotá, familiares de las víctimas del Palacio de Justicia que fueron reconocidas en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos promueven un plantón para hacer un gran reclamo en público. El motivo: hasta la fecha, y a pesar de que ya la Comisión Interamericana se ha pronunciado en favor de las víctimas, el Ministerio de Defensa sigue sin pagarles las indemnizaciones como corresponde.

La Comisión Interamericana ya le dijo al Ministerio de Defensa, explícitamente, que los pagos que estableció para las víctimas derivaban de una mala interpretación del fallo de la Corte Interamericana de 2014. Sin embargo, hasta ahora, esa cartera no ha tramitado las reparaciones de la forma en que ordenó la Corte.