Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Varios parlamentarios del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron una solicitud al Tribunal Constitucional de Bolivia para que este declare ilegales varios artículos de la Constitución que limitan la relección de los dirigentes ejecutivos de todos los niveles del Estado, entre ellos el presidente y el vicepresidente, con el argumento de que estas limitaciones violan el derecho constitucional fundamental de todos los ciudadanos a ser electos.
De esta manera, el oficialismo intenta por segunda vez habilitar al presidente Evo Morales a las elecciones de 2019, para las que está impedido por la legislación actual. En febrero de 2016, el MAS no logró imponer una reforma constitucional por medio de un referendo que perdió con un rechazo del 51% de los votos.
Desde entonces, el MAS ha estado dándole vueltas a diferentes opciones que le permitan insistir en la habilitación de Morales, cuyo concurso consideran crucial para mantenerse en el poder por lo menos hasta 2025.
Finalmente, el camino elegido ha sido esta apelación al Tribunal Constitucional, que la oposición considera bajo influencia gubernamental, mientras las encuestas muestran que más del 60% de la población votaría en contra de la reelección si se convocara un nuevo referendo sobre este asunto.
La Constitución, que apenas tiene ocho años, fue respaldada por el MAS en una votación popular en la que obtuvo una amplia mayoría. Sin embargo, durante su redacción el partido de Evo Morales había propuesto la reelección indefinida, fórmula que luego tuvo que cambiar por la de una sola repostulación continua, como resultado de un acuerdo con la oposición.
Los parlamentarios que presentaron el “recurso abstracto de inconstitucionalidad” argumentaron que las cláusulas que limitan la cantidad posible de postulaciones vulneran uno de los derechos principales consagrados por la propia Constitución para todos los ciudadanos, y no solo para el presidente, que es la prerrogativa de ser candidato a un cargo de elección popular; el cual el pacto de San José, del que Bolivia es signataria, considera un “derecho humano”.
Por tanto, si la iniciativa prosperara no solo beneficiaría a Morales, sino también a varios gobernadores y alcaldes del oficialismo y de la oposición, que tampoco pueden presentarse a las elecciones de 2019 bajo las reglas vigentes. Algunos analistas suponen que esto podría dividir la postura de los partidos contrarios a Morales respecto al recurso.
Los dirigentes políticos de la oposición y los expresidentes democráticos tienen formada una asociación que se ha pronunciado varias veces para exigirle al presidente que respete los resultados del referendo que rechazó su reelección en 2016. Por su parte, el oficialismo ha señalado que este referendo estuvo viciado, porque la población votó luego de una “campaña sucia” de la oposición destinada a desprestigiar a Morales por haber tenido relaciones sentimentales con una mujer que manejaba una trama corrupta, un caso que no llegó a comprometer judicialmente al presidente.
Bolivia se encuentra a menos de tres meses de elegir por voto popular a los magistrados de los tribunales de justicia, inclusive del Constitucional, un procedimiento de conformación de este poder que ha sido objeto de múltiples controversias. La oposición ha llamado a votar nulo en estas elecciones, porque supone que todos los candidatos, los cuales fueron seleccionados por un Parlamento controlado por el MAS, serán dóciles al oficialismo, acusación que este niega.
La iniciativa de inconstitucionalidad seguramente se definirá después del cambio de miembros del Tribunal Constitucional, y esto pone a la oposición en dificultades, porque su llamado al voto nulo en el proceso de conformación de este poder podría hacer que el recurso de habilitación de Morales tuviera un curso más fácil.
