La Corte Constitucional estudió durante más de un año la demanda que tenía esa pretensión y este jueves falló a favor del denunciante. Con cinco votos contra uno, los magistrados del tribunal constitucional reiteraron que el patrimonio cultural no se puede enajenar y por eso las 122 piezas de oro, que permanecen en el Museo de América en Madrid, deben ser recuperadas y devueltas a Colombia.
La decisión de la Corte es el desenlace de un proceso que empezó en el 2006, cuando el abogado Felipe Rincón llevó el tema a la justicia. El argumento principalpara hacerlo era que el presidente de Colombia Carlos Holguín regaló de forma ilegal las piezas a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena. En 2009, un juez le dio la razón, pero en 2011 un tribunal revocó la decisión al considerar que no existía soporte suficiente para declarar que la entrega fue irregular. Ahora el Constitucional vuelve a estar del lado del demandante y Colombia deberá acatar lo que el máximo tribunal ordena, a pesar de que el gobierno, a través de la Cancillería, ha asegurado que la colección no fue declarada como un bien del patrimonio cultural del país, por lo que, a su entender, no fue entregada de manera ilegítima.
Patti Londoño Jaramillo, vicecanciller de Colombia, aseguró en enero del año pasado en una audiencia pública que la entrega de las piezas estuvo regulada por la ley. “Hay que mencionar que el acto unilateral del jefe de Estado de Colombia en 1893 constituyó una manifestación de voluntad de la República de Colombia, dentro del marco normativo interno vigente, al ser el jefe de Estado el representante natural y legítimo ante los demás estados. Se trató así de un acto legítimo”, dijo la funcionaria. Cristina Pardo, de la oficina jurídica de la Presidencia de la República, la apoyó y reiteró que la entrega del tesoro cumplió con el marco legal de la época. Pero la otra versión, la que cuenta que fue un proceso irregular tuvo más peso.
La colección, según el abogado Rincón, fue comprada por el Gobierno a un guaquero —un buscador de tesoros en sepulturas indígenas— para que se exhibiera en Madrid en 1892. Se creía que serían devueltas una vez terminaran las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América, pero el presidente Holguín decidió donarlas en 1893 al reino de España como agradecimiento por un laudo arbitral que emitió la reina en una disputa de límites fronterizos entre Colombia y Venezuela.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo estuvieron a favor del abogado que defendía la reclamación del tesoro. Aseguraron que este es parte de la identidad cultural de Colombia y que por lo tanto debe ser recuperado. El español Fernando Vicario, director del área de cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos, fue otra de las voces que se escucharon durante el proceso. En las audiencias ante la Corte señaló que lograr que la colección Quimbaya regrese al país podría ser un paso para “consolidar un espacio cultural iberoamericano en un mundo en el que los símbolos deben tener más fuerza que los asuntos burocráticos y legislativos”.
Después de 124 años, Colombia deberá reconocer que la entrega no fue legítima e iniciar la reclamación de las piezas a través del tratado de la Unesco de repatriación de bienes culturales. No hacerlo sería, según la Corte, una violación a la Constitución, que en tres artículos establece que no se puede enajenar el patrimonio nacional.