Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
La protesta contra Pedro Pablo Kuczynski por el indulto concedido a Alberto Fujimori crece a medida que pasan los días y aumenta la sangría de apoyos del presidente. Al final de la tarde del jueves, más de 15.000 manifestantes marcharon por las calles del centro de Lima contra el indulto, encabezados por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante el Gobierno de Fujimori por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército. Flor Huilca, hija de Pedro Huilca, un dirigente sindical opositor al régimen, asesinado por los Colina, afirmó, con voz turbada en el frontis de Palacio de Justicia: “en este país es difícil conseguir justicia, y ahora Fujimori no está en la cárcel. Yo soy víctima, Pedro Huilca es víctima. No entiendo la decisión de Kuczynski y Mercedes Aráoz”.
El Ministerio de Interior rechazó la solicitud para hacer un recorrido de unos cinco kilómetros, del centro hasta Miraflores, y autorizó una ruta más corta que un sector de los manifestantes no conocía. Por ello hubo enfrentamientos entre policías y los estudiantes universitarios que optaron por la ruta larga, y también detenidos. Luego de casi cinco horas de movilización, con gritos de “Fujimori: ladrón y asesino” y “Fuera, fuera, PPK”, los manifestantes aún continuaban en una concentración frente a Palacio de Justicia.
Mientras, el avance del caso Odebrecht profundiza la crisis política peruana. El fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial de investigación para el caso Lava Jato, interrogó durante cuatro horas al presidente Kuczynski acerca de su participación en las empresas Westfield Capital y First Capital, con sede en Estados Unidos, a las que la constructora brasileña Odebrecht contrató entre los años 2004 y 2013 para servicios de asesoría. A la misma hora, Keiko Fujimori, la presidenta del partido Fuerza Popular (que hasta el viernes pasado era la mayoría opositora), respondía en una fiscalía de lavado de activos por los supuestos aportes que recibió de Odebrecht en la campaña electoral de 2011 y otros fondos supuestamente recaudados mediante “rifas y cocteles” ese mismo año y en 2006.
El exbanquero de inversión fundó Westfield Capital en 1992. La firma recibió de Odebrecht, entre 2004 y 2007, 782,207 dólares por reembolsos, comisión fija y dos asesorías financieras. Kuczynski fue ministro de Economía del Gobierno de Alejandro Toledo entre 2004 y 2005, y luego primer ministro hasta julio de 2006. En ese período, la empresa Odebrecht se hizo de la concesión para construir la carretera Interoceánica Sur, una obra que terminó de construirse luego de sobrevaloración y cuestionamientos técnicos de la Contraloría.
Por otra parte, First Capital fue creada por el socio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, y consigna el mismo domicilio que Westfield. El presidente declaró la semana pasada en mensajes televisados y en el Congreso, durante la sesión del jueves 21 que debatió su destitución, que cuando asumió como ministro delegó las operaciones al gestor Sepúlveda y que no se enteró de los contratos de su empresa con Odebrecht.
La empresa brasileña aclaró en una carta que los servicios prestados por ambas empresas están en la contabilidad legal de Odebrecht, y no en el Departamento de Operaciones Estructuradas, el área encargada de los sobornos a políticos y funcionarios en América Latina y África para obtener concesiones, contratos y arbitrajes a su favor.
La lista de pagos de Odebrecht fue difundida por parlamentarios de Fuerza Popular hace dos semanas y condujo al debate de destitución presidencial. Kuczynski la evitó con los votos del congresista Kenji Fujimori y otros nueve parlamentarios fujimoristas disidentes que buscaban el rápido indulto del autócrata Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
Esta no ha sido la primera citación por el caso llamado ‘fujicocteles’ para la hija mayor de Fujimori. Sin embargo, por primera vez responderá a las autoridades sobre la anotación del ex presidente ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en su móvil: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” (Aumentar 500 a Keiko y la visitaré).
El 7 de diciembre pasado el fiscal José Domingo Pérez allanó dos locales de Fuerza Popular para recoger documentación sobre las campañas electorales 2011 y 2016 y, posteriormente, hizo lo mismo en el Organismo Nacional de Procesos Electorales, el ente al que los partidos políticos deben reportar por ley los detalles de sus fondos utilizados en las campañas electorales. La hipótesis de Pérez es que el fujimorismo preparó una contabilidad paralela, y que las supuestas rifas y cócteles que reportan como medios para recaudar dinero esconden la procedencia real del dinero.
El caso ya se ha llevado por delante a dos expresidentes: Toledo, para quien el fiscal Castro prepara un cuadernillo de extradición que debe entregar en breve a Estados Unidos, debido a que presuntamente recibió 20 millones de dólares en sobornos, y Ollanta Humala, en prisión preventiva desde julio por supuestamente haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para las campañas electorales de 2006 y 2011. De todos los investigados –incluidos Alan García y la exalcaldesa Susana Villarán– estos dos son los más débiles, sin partido político ni una red que los defienda en su país.
Mientras, precisamente esta semana, el juez Richard Concepción Carhuancho, uno de los pocos magistrados populares entre los peruanos, que dictó la orden de captura contra Toledo en febrero y la prisión preventiva contra Humala y su esposa Nadine Heredia, quedó fuera del caso Odebrecht, luego de una resolución de cambios en el Poder Judicial, lo que allana el camino para un cambio en las decisiones judiciales sobre este caso que está devorando la política peruana.
Las reacciones internacionales contra el indulto a Fujimori continuaron la mañana de este jueves. “Es el mayor revés para el Estado de derecho en Perú: un indulto humanitario concedido a un condenado por serios delitos luego de un juicio justo, cuya culpabilidad no está en cuestión y que no cumple los requisitos legales para un perdón”, ha cuestionado un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas desde Ginebra.
En tanto, Kuczynski ha anunciado que está preparando con la primera ministra Mercedes Aráoz un “gabinete de reconciliación”, y los congresistas puente entre el oficialismo y el fujimorismo lanzan nombres de líderes de Fuerza Popular que se sumarían al Ejecutivo para seguir concretando la nueva alianza política.
