Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, ha declarado este jueves que fue coaccionada por Diosdado Cabello, expresidente del Poder Legislativo, para culpar al opositor Leopoldo López de crímenes ocurridos durante las protestas antigubernamentales de 2014. “Me presionaron para que yo dijera que el autor de la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya era Leopoldo. Me presionó Diosdado Cabello”, reveló en una entrevista exclusiva con BLU Radio Colombia.
La confesión ha reavivado el debate sobre la condena del preso político. Voluntad Popular, el partido fundado por López, ha pedido su liberación inmediata. “A la luz de estas graves, pero contundentes declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz exigimos la anulación del juicio amañado que condenó a nuestro coordinador general”, indicó en un comunicado. Su abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, también ha pedido la liberación inmediata del político. Pero Tarek William Saab, el fiscal general designado por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, ha ignorado la solicitud hasta ahora.
López fue privado de libertad en 2014. Días antes de su detención había liderado la primera ola de protestas masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fue en la marcha del 12 de febrero donde el chavismo halló excusas para encarcelar al dirigente político. En esa movilización fueron asesinados el manifestante Bassil Da Costa, de 23 años de edad, y el miembro de un colectivo chavista Juan Montoya en una balacera en el centro de Caracas.
Los tribunales culparon en 2014 a López por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad y asociación para el delito
Los tribunales culparon a López, fundador del partido Voluntad Popular (VP), por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad y asociación para el delito. Desde entonces el chavismo ha achacado directamente al opositor las 43 muertes ocurridas en las manifestaciones de 2014. El mismo Cabello ha apodado al político preso como “El monstruo de Ramo Verde”, en referencia a la cárcel donde estuvo recluido hasta el año pasado.
En 2015, tras ser condenado a casi 14 años de prisión, uno de los fiscales que lo acusó, Franklin Nieves, confesó que fue presionado por el Gobierno de Venezuela para inculpar con evidencias falsas al político. Lo hizo desde el exilio, en Estados Unidos; al igual que Ortega Díaz que se encuentra en Colombia desde el año pasado.
También Rosa Amelia Asuaje, la perito en el juicio, denunció que sus informes habían sido manipulados para incriminar al opositor; mientras que la jueza Ralenis Tovar aseguró que había firmado la orden de captura por miedo a ser arrestada. Los seguidores de López opinan que el oficialismo se ha encargado de exterminarlo políticamente desde 2005. Ese año, el Gobierno de Hugo Chávez se había encargado de inhabilitarlo de la competencia electoral. El expresidente nunca le perdonó su actuación en el Golpe de Estado de abril de 2002.
López, en su arresto domiciliario en Caracas, ha sido declarado como preso político por organismos internacionales. Muchos de los militantes de su partido han sido perseguidos y encarcelados por las fuerzas de seguridad de Venezuela. Aunque algunos consiguieron huir antes de ser arrestados, otros han sido capturados y acusados de diferentes delitos. Voluntad Popular ha exigido que cesen estas persecuciones, especialmente que sea suspendida la orden de captura contra su coordinador nacional Carlos Vecchio