Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Florida responde al problema de las armas con más armas. Tras la matanza del 14 de febrero en el instituto de Parkland (17 muertos) los legisladores han aprobado este miércoles una ley que permite armar a algunos maestros para que puedan actuar en defensa propia y de los alumnos ante el posible ataque de un tirador. La normativa se limita a una minoría de profesores. Solo podrán recibir instrucción en armamento y para afrontar esas situaciones de violencia potenciales los maestros que a la vez tengan formación militar o posean experiencia como agentes de la ley.
La ley queda pendiente de la decisión del gobernador de Florida, el republicano Rick Scott. Pese a ser un hombre muy cercano a la Asociación Nacional del Rifle, Scott, teniendo en cuenta lo sensible del momento por la masacre del instituto, no se ha mostrado partidario de armar a profesores, idea que salió tras la tragedia de la cabeza del presidente Donald Trump. Scott, que tiene el poder de ratificar o vetar la normativa, ha dicho que lo consultará con los familiares de las víctimas de Parkland.
La ley ha sido aprobada este miércoles por 67 votos a favor y 50 en contra en la Cámara de Representantes de Florida y había tenido el lunes el visto bueno del Senado por un resultado más estrecho, de 20 a favor y 18 en contra. La posibilidad de armar a algunos maestros es una parte de una ley más amplia y recibe el nombre de “programa de guardianes” voluntarios. Se explica que su objetivo es “prevenir o abatir incidentes de atacantes activos en instituciones educativas”.
Algunos maestros podrán ser esos guardianes, pero el programa pretende que lo sean sobre todo otros empleados escolares que no tengan función en las aulas. Con todo, abre por primera vez en Estados Unidos la inquietante opción de que un profesor sea un agente armado en un centro escolar. El personal que quiera participar será entrenado en uso de armas y será examinado psicológicamente.
La ley 7026 contempla otras medidas tímidas pero que sí tienen la clara orientación de reducir el impacto de la violencia por la venta de armas. Sube de 18 a 21 la edad mínima para comprarlas, prohíbe la venta de unos dispositivos que convierten un fusil normal en una metralleta e inyecta fondos para un programa de detección de problemas mentales que puedan desencadenar en un tiroteo masivo. Nikolas Cruz, el tirador de 19 años de Parkland, había padecido depresiones y recibido atención psiquiátrica.
Lo que no toca la ley es lo que más reclaman los estudiantes de Parkland que han impulsado el movimiento #NeverAgain contra las armas: la prohibición de vender fusiles de asalto. En Florida la parte más salvaje del problema, el acceso civil a material de guerra, permanece intacta.
