Domingo, 24 de Noviembre del 2024 
La falta de mantenimiento, la desinversión, la politización de los cargos, la emigración de personal cualificado y la corrupción han llevado a las refinerías petroleras venezolanas casi al borde de la zona de colapso. En la actualidad, operan a un 30% de su capacidad, en el mejor de los casos. A la espera de un informe técnico final, el Gobierno considera cerrar algunas de ellas o reducir su actividad al mínimo para centrarse en las que puedan ofrecer soluciones inmediatas.
El bache, junto a una constante merma en las cotas globales de producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que está ya certificada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y que es reconocida por miembros del Gabinete de Nicolás Maduro, está generando fallas graves en el abastecimiento de combustible. Rafael Quiroz, profesor de postgrado en Hidrocarburos en la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, afirma que la producción petrolera del país está llegando a sus niveles más bajos en 70 años: 1,5 millones de barriles diarios. A finales de 1997, la producción petrolera venezolana sobrepasaba holgadamente los tres millones de barriles, y en 1970 había llegado a arañar los cuatro millones. Quiroz sostiene que en la OPEP están previendo que el desplome de PDVSA podría colocar la producción venezolana en el sótano de los 1,2 millones de barriles diarios a finales de este año.
Por primera vez en su historia, el país ha tenido que recurrir masivamente a la compra de gasolina importada para cubrir su demanda interna. En muchas ciudades venezolanas han sido frecuentes, por temporadas, largas filas de coches aguardando su turno para poder abastecerse. En regiones enteras solo se consigue desde hace mucho tiempo combustible de 91 octanos. También son muy escasos, y están exorbitantemente caros, los aceites para motores, las ligas de frenos, el combustóleo y el combustible para la aviación, todos productos tradicionalmente abundantes y muy económicos en Venezuela.
Los mandos de PDVSA están haciendo un esfuerzo por mantener en la pertinencia operativa la refinería de Amuay, en el Estado Falcón, que pertenece al Complejo Refinador de Paraguaná, el más grande del mundo, y que comprende además las refinerías de Cardón y Bajo Grande. La compañía ejecuta traslados de personal y el uso de repuestos de otros centros del país para mantenerla a flote. Las tres plantas tienen una capacidad instalada de cerca de un millón de barriles diarios de petróleo.
Quiroz no duda en señalar que la fosa en la cual se encuentra metida PDVSA —señalada varias veces por la revista América Economía como la sociedad mercantil más poderosa de Latinoamérica en sus informes— , guarda relación con la dispersión y politización de sus objetivos y el relajo absoluto de sus protocolos de mantenimiento en los años del chavismo. Una situación que llevaba años evidenciando síntomas en graves accidentes industriales que nunca fueron investigados.
El incidente más comentado fue el de la famosa tragedia industrial de Amuay, que tuvo lugar en Agosto de 2012, que se tradujo en 55 muertos y 156 heridos, cuya investigación parlamentaria final fue vetada y bloqueada por la mayoría que el chavismo tenía entonces en la Asamblea Nacional.
La crisis de PDVSA se concreta en un momento en el cual parte importante de sus gerentes más conocidos enfrentan graves acusaciones de corrupción. Esto incluye a sus tres últimos presidentes: el otrora poderoso Rafael Ramírez, mano derecha de Hugo Chávez, hoy en el exilio y Eulogio del Pinto y Nelson Martínez, que han ocupado el puesto durante la Administración de Nicolás Maduro y ya están en prisión.
El veto de rusos y chinos
Para intentar salvar las operaciones en Amuay, Petróleos de Venezuela intentó concretar un acuerdo con la petrolera rusa Rosneft, y con China Petroleum Corporation, aliados tradicionales de Caracas. El pacto iba a contemplar una inversión masiva y una reposición total de equipos, que obligarían al Gobierno de Maduro a hipotecar Citgo (filial estadounidense de PDVSA) como garantía. El acuerdo no llegó, sin embargo, a concretarse en virtud de la magnitud de las inversiones planteadas y la imposibilidad que tendrían los inversores en controlar las decisiones y las utilidades de aquel esfuerzo, impedidos como están por las propias regulaciones de la legislación venezolana.
“Los directivos de PDVSA tiene la esperanza de detener esta caída y reactivar la producción este año, pero algunos de ellos reconocen en privado que va a costar mucho”, asegura Quiroz. Uno de los impedimentos consiste en el debilitamiento de su músculo especializado, a causa de la marcha de muchos de sus mejores trabajadores al exterior en estos años. “La junta directiva actual de PDVSA está copada por militares que no tienen la menor idea del negocio petrolero”, explica el profesor.
