Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
El régimen cubano se prepara para asentar legalmente su lenta transición a un modelo de socialismo de partido único abierto al mercado. A través de medios oficiales se ha difundido un resumen del anteproyecto de reforma constitucional en el que “se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada”. Pero se reafirma que en Cuba el sistema económico “mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción”.
La reforma se viene elaborando a puerta cerrada desde hace varios años en un grupo de trabajo al mando del general Raúl Castro, que en abril cedió la presidencia a Miguel Díaz-Canel, pero sigue ocupando el cargo de secretario general del Partido Comunista de Cuba, máximo órgano de poder del Estado según mandato constitucional, aspecto que no variará tras la reforma. Otras novedades adelantadas serán la creación del cargo de primer ministro —actualmente el presidente es jefe del Consejo de Estado y de Ministros—, la limitación de los mandatos a un máximo de dos legislaturas —diez años— y la ratificación en el texto fundamental “de la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país, con las debidas garantías”.
El anteproyecto, calificado en la prensa oficialista como una “reforma total” –en 1992 y 2002 hubo revisiones puntuales– consta de 224 artículos que no se han hecho públicos y que se debatirá entre el sábado y el lunes en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y los diputados votarán para que se apruebe la convocatoria de una consulta popular previa a su ratificación final. De momento, no se ha anunciado una fecha límite para que se complete el proceso, aunque se espera que se culmine antes de termine este año.
El concepto de propiedad privada quedó eliminado en la Constitución de 1976, redactada con el molde de las Constituciones del bloque soviético, si bien en la práctica había quedado proscrita tras la llamada Ofensiva Revolucionaria de 1968, con la que Fidel Castro asestó el golpe definitivo a cualquier resquicio de capitalismo y radicalizó su apuesta por el modelo comunista. Desde los retoques constitucionales de 1992 —forzados por la crisis generada por la caída de la URSS— se reconoció el trabajo por cuenta propia, figura que ha sido impulsada, como parche a la inoperancia de la economía estatal, por Raúl Castro desde que relevó a Fidel en la presidencia en 2008. En Cuba (11 millones de habitantes), existen actualmente alrededor de 600.000 trabajadores por cuenta propia –13% de la fuerza de trabajo–; en 2010 eran 150.000. El martes pasado el Gobierno anunció que a partir de diciembre se volverán a entregar licencias de trabajo por cuenta propia. Este creciente sector privado, que insufla vida a la economía con negocios particulares como restaurantes, taxis, hostales o salones de belleza, había visto congelada la concesión de licencias desde el verano pasado. Con el desbloqueo para poner en marcha nuevos negocios llegan a su vez restricciones: cada ciudadano podrá tener un solo negocio y los restaurantes, por ejemplo, no podrán servir a más de 50 personas.
Demandas sin responder
“Lo que ocurrió desde los noventa es que se dejó de estigmatizar la propiedad privada. Y lo que ocurre ahora es que se legitima, se le pone el cuño institucional para decir: “Esto está para quedarse”. Supone admitir que se vuelve a antes de 1976; no con intención de restablecer el modelo económico previo a la revolución de 1959 pero sí con el propósito de adaptar el país a la realidad”, considera Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Texas, que cree que este paso podría sentar las bases para mayores inquietudes económicas, sociales y políticas en un futuro. “Es una reforma que va a plantear demandas de otras reformas”, añade.
El politólogo Michael J. Bustamante, de la Universidad Internacional de Florida, afirma: “Hay demandas que quedan sin ser respondidas. En el terreno económico, el sector cuentapropista viene reclamando que sus negocios sean reconocidos bajo la figura de las pequeñas y medianas empresas, y no parece que la reforma en principio vaya a satisfacerlos. Y se aprecia la contradicción sin resolver de que se reconozca el papel del mercado y de la propiedad privada pero se mantenga en primer lugar la planificación central de la economía”.
Para el historiador Rafael Rojas, la reforma en marcha “va a darle régimen jurídico a algo que ya existe: un régimen socialista que se abre mínimamente a un sector no estatal de la economía y de la sociedad pero bajo un control hegemónico del Estado”. Rojas advierte de que hasta que se apruebe y se publique un nuevo texto constitucional “no se puede medir la profundidad del cambio”, y se pregunta si se reconocerá personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. “Eso abriría un camino para la expresión ciudadana”, afirma. Apunta, sin embargo, que no se ven indicios de que exista esa tendencia.
En su discurso del sábado ante la Unión de Periodistas de Cuba, el presidente Díaz-Canel, de 58 años, no mostraba disposición a abrir la mano, por ejemplo, en materia de libertad de prensa: “Por más que lluevan intentos de devolvernos al pasado de sensacionalismo y prensa privada bajo máscaras nuevas, ni los medios públicos cubanos ni sus periodistas están en venta”. “No acuso injustamente”, continuó el presidente, “apunto a la abierta guerra que se nos hace desde medios que, bajo el paraguas de mejores tiempos en las siempre frágiles relaciones con el vecino poderoso que nos desprecia [EE UU], han ido escalando en el ataque a lo que nos une —el Partido— y lo que nos defiende —nuestra prensa—, descalificando continuamente a ambos y tratando de fracturar y separar lo que viene de una misma raíz y crece en un mismo tronco”.
Lo más inesperado del avance de reforma ha sido la propuesta de creación del puesto de primer ministro, según coinciden los analistas, aunque sus implicaciones son todavía una incógnita. El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, se limitó a precisar que el presidente será jefe de Estado y el primer ministro dirigirá el Consejo de Ministros. El analista Carlos Alberto Montaner percibe un intento de “fragmentar la autoridad”, una “ingeniería administrativa” para crear “balances de poder” entre distintos sectores del régimen al verse agotado el modelo del poder unitario en torno a figuras históricas de liderazgo como Fidel Castro (1926-2016) o Raúl Castro, de 87 años.
