Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Miles de personas se manifestaron este jueves en Buenos Aires para expresar su rechazo a la reforma de las Fuerzas Armadas decretada por Mauricio Macri. “Fuerzas represivas Nunca Más”, “No a la militarización de Argentina”, podía leerse en los carteles de organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales que convocaron a la movilización en la Plaza de Mayo y después frente al Ministerio de Defensa. Rechazan que los militares puedan colaborar con tareas de seguridad interior de las que fueron apartados tras el fin de la sangrienta dictadura que encabezaron entre 1976 y 1983. Entre sus nuevas funciones está la custodia de objetivos estratégicos y apoyo logístico a las fuerzas policiales en la vigilancia fronteriza.
Macri presentó la reforma como una adecuación de las Fuerzas Armadas a los desafíos del siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, los organismos de derechos humanos, muy críticos con el Gobierno, la ven como un retroceso. “Sabemos lo que significa el rol de las Fuerzas Armadas, por eso decimos que milicos en la calle, nunca más”, destacó Lita Boitano, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Esto ya lo vivimos, y por eso lo rechazamos rotundamente. Somos sobrevivientes de la intervención de las Fuerzas Armadas en la política interna”, coincidió horas antes el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Los manifestantes acusaron a Macri de romper uno de los consensos básicos de la democracia posdictadura, el que vetó que las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad interna. “El Gobierno está modificando por decreto, que es ilegal, tres leyes que fueron dictadas bajo tres gobiernos distintos: la ley de Defensa nacional, de 1988, que promulgó Alfonsín, la ley de Seguridad interior es de 1992 y la promulgó Menem y la ley de Inteligencia nacional es de 2001 y la promulgó de De la Rúa. Esos consensos suprapartidarios elaborados a lo largo de 35 años que el actual Gobierno está agrediendo”, señaló el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky.
Según el nuevo decreto presidencial, publicado en el Boletín Oficial el martes, las Fuerzas Armadas “serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política”. El texto derogó el rol restrictivo que tenían los militares desde 2006, cuando Néstor Kirchner decretó que quedaban limitados a repeler cualquier ataque externo de otro Estado.
A diferencia de lo que ocurre en Colombia, México y Brasil, donde las tropas participan en el combate contra el narcotráfico, en Argentina es responsabilidad de las fuerzas policiales. “En otros países, como México, se ha visto que involucrar a los militares en la lucha contra el narco termina con ellos como parte de las bandas y cárteles y con graves violaciones de los derechos humanos y abuso del uso de la fuerza contra las poblaciones civiles”, advirtió Clara Pereira, docente. Los manifestantes expresaron también su temor de que el anuncio esconda la intención de militarizar las calles ante la creciente conflictividad social, una hipótesis negada por el Gobierno y prohibida por las leyes vigentes.
La oposición intenta también frenar la reforma en el Congreso, donde Macri tiene minoría. Los distintos partidos aseguran que la ampliación del rol de los militares no puede resolverse por decreto sino que debe ser aprobado por las dos cámaras legislativas. El kirchnerista Frente para la Victoria presentó el martes un proyecto de ley para derogar el decreto presidencial por considerarlo “inconstitucional” y los partidos no descartan también presentarse ante la Justicia.
La reforma presentada por Macri incluirá también una reorganización de los cuarteles, compra de nuevo armamento, medidas de ciberdefensa y aumento de la formación de los cerca de 40.000 integrantes de las Fuerzas Armadas.
