Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
El Senado argentino decidió que el aborto continúe como un delito penado con la cárcel, salvo en caso de violación o riesgo para la salud de la madre, pero el país austral da cada vez más pasos hacia una legalización de facto. La Anmat, la oficina que regula la producción de medicamentos, ha autorizado por primera vez a un laboratorio nacional para la fabricación con fines obstétricos de misoprostol, un fármaco que la Organización Mundial de la Salud considera como uno de los métodos más seguros para interrumpir embarazos. El laboratorio Domínguez recibió luz verde para vender misoprostol a hospitales pero ha solicitado también permiso para distribuirlo en farmacias.
Ahora, la mayoría de argentinas que quiere interrumpir un embarazo no deseado recurre a una mezcla de misoprostol y diclofenac que se comercializa como protector gástrico. Pero el conocimiento de esta droga aún no es generalizado o hay personas gestantes que no pueden pagárselo: el lunes murió en un hospital bonaerense una mujer de 34 años que se había realizado un aborto con perejil. Madre de un bebé de dos años, la mujer llegó a urgencias en estado grave, con una infección avanzada. Los médicos le extirparon el útero, pero no lograron salvarla. Es la primera víctima conocida por aborto clandestino desde que el Senado rechazó la ley para legalizar la interrupción del embarazo, hace una semana. Hoy se conoció una segunda: una mujer murió el lunes por un aborto provocado en Pilar, también en la periferia bonaerense. En 2016, último año con datos oficiales, 43 mujeres perdieron la vida en Argentina por complicaciones derivadas de abortos.
El laboratorio Domínguez comenzó a investigar la producción de misoprostol en 2009. “Primero desarrollamos la línea ginecológica misop 25 para inducción de partos y ahora uno con concentración de 200 miligramos que ya está aprobado. En Argentina no existía este medicamento con indicación específica para ginecología y obstetricia”, dice Sandra Carina Rismondo, directora técnica de Laboratorio Domínguez. “Es un gran logro para una empresa con una trayectoria de 114 años”, agregó. La Anmat lo autorizó a principios de julio, en medio del debate parlamentario sobre el aborto. Entre los usos del misop 200 está la “interrupción del embarazo en las condiciones establecidas por la legislación vigente en nuestro país”, según confirmó este miércoles el organismo oficial en un comunicado.
“Es un pequeño paso pero un muy buen paso. Lo ideal sería la producción estatal”, subraya la médica generalista Viviana Mazur, del Programa de Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de la ciudad de Buenos Aires. Mazur lamenta que el nuevo fármaco no se pueda adquirir en farmacias y que sea sólo para hospitales con obstetricia, lo que deja fuera a centros de atención primaria. También considera un obstáculo que sólo pueda administrarse por vía vaginal y no sublingual.
La producción estatal de misoprostol parece cuestión de tiempo. Lif, uno de los laboratorios públicos de la provincia de Santa Fe, está volcado a ese objetivo. “A principios de año empezamos con el proceso industrial y esperamos que en unos meses tengamos los primeros comprimidos para entregar gratuitamente”, dice el coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud santafesino, Oraldo Llanos. En los primeros seis meses del año, en Santa Fe se practicaron 450 abortos no punibles. En su mayoría se realizaron con medicamentos comprados a un laboratorio a un precio muy superior al que tendrán los comprimidos de fabricación propia. Aún no existe un cálculo preciso sobre el ahorro para las arcas provinciales, pero podría superar el 70%, según Llanos.
Tanto Santa Fe como la capital argentina cuentan con protocolos sobre abortos no punibles. En muchos de sus hospitales y centros de atención primaria hay consejerías que asesoran sobre reducción de daños a mujeres que están decididas a interrumpir su embarazo sin importar las consecuencias legales. Pero la situación es muy diferente en otras provincias, que ni siquiera tienen protocolos aprobados para garantizar abortos por las causales contempladas por ley desde 1921. Es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde se registró la última muerte por aborto clandestino.
“Creíamos que la información llegaba a todos lados, que habíamos popularizado el acceso al misoprostol para que los abortos clandestinos fueran lo más seguros posible, pero la última muerte deja claro que la información no está llegando o que la plata de la gente no es suficiente”, subraya Miranda González Martín, integrante de la Campaña para el aborto legal, seguro y gratuito. “Si una mujer está tan desesperada que es capaz de meterse una rama de perejil para abortar con el peligro de infección que supone eso debería entrar en el causal salud. Ni siquiera esos causales se garantizan”, agrega.
González Martín destaca que la multitudinaria movilización a favor de la legalización del aborto hace una semana dejó claro que tarde o temprano las mujeres argentinas tendrán derecho a decidir cuándo y cómo quieren ser madres. “Sabemos que no hay vuelta atrás, pero cada muerte nos hace darnos cuenta de que todavía no ganamos”, señala. Hasta dentro de un año, el Congreso no puede volver a tratar un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.
