Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
El misterio que rodea el paradero de varios líderes de la exguerrilla de las FARC deberá resolverse en los próximos 10 días. Este es el plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de la guerra en Colombia, otorgó este jueves a Iván Márquez y otros miembros de la antigua cúpula para entregar informes detallados sobre sus actividades y refrendar su compromiso con el acuerdo de paz.
El requerimiento está relacionado con el primer proceso de la JEP, sobre secuestros cometidos por la insurgencia entre 1991 y 2002, e implica a un total de 31 personas, varias de ellas ahora a la cabeza del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pero, debido al delicado momento que atraviesa la reintegración de los exguerrilleros en la vida civil, es particularmente significativo por incluir a Márquez y otros exjefes, cuyo destino actual es incierto.
La antigua guerrilla, desarmada y convertida en partido político, ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el primer aniversario de la colectividad nacida del acuerdo de paz ha sido todo menos festivo. El paradero desconocido de varios de sus líderes, que abandonaron los espacios de reincorporación en los que se encontraban, ha encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes en medio de mutuos reclamos de incumplimiento frente a lo pactado en las negociaciones de La Habana.
Si bien los antiguos jefes guerrilleros no están obligados a permanecer confinados a los espacios de reincorporación, ni su ausencia contempla ningún tipo de sanción penal, sí tienen un compromiso explicito de colaborar en el tránsito a la vida civil de los excombatientes. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya había advertido que en las últimas semanas seis dirigentes en cuatro de esas zonas en el sur de Colombia “tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí”.
En ese ambiente enrarecido, los mayores temores apuntan a que alguno de los líderes emblemáticos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia termine por salirse del proceso de paz y alimente el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, o huir en busca de refugio a la vecina Venezuela. En la otra cara de la moneda, varios miembros de la FARC han reclamado con insistencia por incumplimientos estatales que van desde los recursos prometidos para la reincorporación hasta las garantías de seguridad.
El presidente Iván Duque, que en campaña prometió hacer correcciones a lo pactado sin llegar a “hacer trizas” los acuerdos, pidió recientemente prolongar el acompañamiento de la ONU en el proceso de reincorporación de los excombatientes. Su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha defendido el compromiso con la implementación del nuevo Gobierno, que tomó posesión el 7 de agosto, pero asegura que heredaron de la administración de Juan Manuel Santos carencias en muchos frentes, que incluyen el “precario estado de las instalaciones” en los espacios y la inadecuada estructuración de los proyectos productivos que deben facilitar el tránsito de los exguerrilleros a la vida civil.
En medio del tenso momento que atraviesa la reincorporación de los excombatientes de la que llegó a ser la guerrilla más poderosa de América Latina, también han aflorado divisiones en el partido al que le dio paso. En el episodio más reciente, dos excomandantes criticaron el liderazgo de Rodrigo Londoño, Timochenko, el último comandante en jefe cuando eran insurgencia y hoy presidente de la colectividad.
“La sujeción a la Constitución y a las leyes no significa en absoluto que nosotros debemos defender a capa y espada el orden y la legalidad burguesas. Sin embargo, quién lo creyera, algunos de nuestros jefes como ‘Timo’, por ejemplo, se han dedicado a defender el orden burgués con un inesperado y sorprendente celo”, señalan Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez en una carta a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido que conservó las siglas de la guerrilla.
Los dos veteranos excomandantes le reclaman a Londoño que pidiera la presunción de inocencia para al expresidente Álvaro Uribe, señalado de manipulación de testigos, y no lo hiciera así en el caso por narcotráfico contra Jesús Sántrich. La actual dirigencia no tiene “credibilidad ni confianza ante la base de los exguerrilleros”, señalan. Varios analistas hablan de fracturas cada vez más profundas entre moderados y radicales dentro de la FARC, pero sus líderes justifican esos episodios como diferencias y matices propios de los partidos.
En busca de Iván Márquez
Una comisión de senadores –entre ellos el congresista de la FARC Pablo Catatumbo– viajaron esta semana hasta uno de esos espacios de reincorporación, el de Miravalle en San Vicente del Caguán, para revisar el estado de la implementación e indagar en particular por el paradero de Iván Márquez y Hernán Velázquez, El Paisa, dos de los antiguos jefes de la insurgencia. Al no encontrarlos, el propio Catatumbo les pidió públicamente que “se pronuncien y ayuden a esclarecer esa situación de incertidumbre”.
Los testimonios recogidos, explicó por su parte el senador Roy Barreras –un férreo defensor del acuerdo que incluso viajó a La Habana como parte del equipo negociador del Gobierno–, afirman que los dirigentes ausentes no se han sumado a las disidencias y permanecen en el proceso de paz, pero se quejan de la inseguridad física, jurídica y económica que les despierta tanto el incumplimiento del Estado, como la posición de Fiscalía y la DEA. Tanto Márquez como El Paisa, según versiones de prensa, mantienen el temor a ser extraditados.
Aunque todos los abandonos de las zonas despiertan preocupación, el caso de Iván Márquez es especialmente significativo, ya que fue el jefe negociador durante los cuatro años de diálogos en La Habana y su liderazgo en la FARC competía con el de Rodrigo Londoño, Timochenko, el presidente del partido. Márquez –cuyo verdadero nombre es Luciano Marín–, renunció al escaño como senador que la garantizaba el acuerdo y se internó en Miravalle tras la captura de Jesús Sántrich, excomandante de la guerrilla acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York. El sobrino de Márquez, Marlon Marín, es informante de la DEA en el caso de Sántrich, aunque la Fiscalía colombiana ha sido clara en que no tiene ninguna orden de captura en su contra.
Otros dos de los líderes de las FARC de los que se temía se declararan en disidencia, Henry Castellanos -conocido como Romaña- y Fabián Ramírez, reaparecieron esta semana en sendas cartas en las que reafirmaron su compromiso con el cumplimiento del acuerdo, aunque también hicieron reclamos sobre la implementación. Los senadores que viajaron a Miravalle pidieron un pronunciamiento similar de Márquez y El Paisa, desde donde sea que se encuentren. El requerimiento de la JEP le ha puesto un plazo concreto a ese reclamo.
