Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Al menos 30 personas han sido detenidas este domingo en Managua cuando se reunían para participar en una manifestación contra el régimen de Ortega. La marcha iba a ser una demostración de fuerza de la recién creada Unidad Nacional Azul y Blanco, el bloque que reúne a más de cuarenta organizaciones opositoras que le plantan cara al Gobierno comandado con mano dura por el presidente Daniel Ortega.
La manifestación había sido convocada para la mañana del domingo en la céntrica plaza comercial Camino de Oriente, donde hace casi seis meses comenzaron las protestas que exigen el fin del régimen. Ortega movilizó a centenares de oficiales antidisturbios en toda la capital, que la mañana del domingo parecía una ciudad sitiada. Las caravanas de oficiales mantenían el patrullaje en las principales zonas de la capital nicaragüense, en lo que organizaciones de defensoras de los derechos humanos calificaron de “cacería” contra quienes pretendían participar en la manifestación.
Decenas de personas se reunieron desde primera hora de la mañana –hora local– en el punto convocado por la Unidad Nacional. Gritaban consignas contra el régimen, cuando decenas de antidisturbios movilizados en camionetas interrumpieron la reunión y apresaron a los opositores, entre ellos Suyén Barahona, la presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, la organización política creada en 1995 por el expresidente Sergio Ramírez y que reúne a intelectuales y disidentes del Frente Sandinista. Entre los detenidos se encontraban también reporteros de los diarios La Prensa y El Nuevo Diario que cubrían la manifestación y que fueron posteriormente liberados. También fue lesionado Oswaldo Rivas, corresponsal gráfico de la agencia Reuters.
El sábado, la policía publicó una nota de prensa –enviada a la prensa extranjera y a diplomáticos acreditados en Managua por la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, un protocolo ya habitual– en la que informaba de que no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no contasen “con el debido permiso” y advertía de que se tomarían “todas las medidas necesarias” para mantener “la seguridad, el orden público, los derechos de la ciudadanía a circular en sus actividades normales”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega, aprobó en junio una ley antiterrorista que ha sido utilizada para criminalizar las protestas, según han denunciado diversos defensores de los derechos humanos. El Gobierno del país centroamericano ha detenido al menos a 204 personas por haber participado en protestas, a quienes las autoridades acusan de actos “terroristas”. Algunas organizaciones afirman, sin embargo, que el número de detenidos por el régimen supera ya las 300 personas.
Este domingo se vivieron momentos dramáticos en la zona de Camino de Oriente (centro de Managua), cuando los antidisturbios asaltaron la manifestación y apresaron a manifestantes que les gritaban “asesinos”. Una anciana que intentaba zafarse de la represión fue brutalmente golpeada en la espalda por un oficial, mientras otra pareja de ancianos fue violentamente apresada cuando intentaba refugiarse en uno de los comercios cercanos. “¡No ataquen al pueblo! Policías, retírense, no obedezcan a un tirano. ¡Desobedezcan, rebélense contra una dictadura asesina!”, gritaba Marlene Chow, una de las manifestantes apresadas.
Nicaragua cumplirá la próxima semana seis meses de protestas contra el régimen de Ortega. La brutal represión del presidente sobre cualquiera rastro de disidencia ha dejado ya al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Las manifestaciones comenzaron en la misma plaza de Camino de Oriente el 18 de abril, cuando decenas de personas se reunieron para protestar contra unas reformas a la seguridad social impuestas sin ningún tipo de consenso político. La represión de esa jornada y las imágenes de ancianos golpeados por colectivos que seguían las órdenes de Ortega generaron una gran indignación que se tradujo en masivas protestas a lo largo y ancho de Nicaragua.
“Protestar es un derecho consignado en la Constitución”, dijo a EL PAÍS Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que participó en la manifestación del domingo. “La dictadura de Ortega sigue violentando los derechos humanos. Está claro que Ortega no tiene legitimidad: solo le quedan las armas, la represión armada contra el pueblo indefenso”.
