Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
La declaración de renta de los altos funcionarios públicos es un tema vigente en la agenda, no solo por la directiva que anunció el presidente Duque para que sus ministros, viceministros y directores de entidades hagan público su cumplimiento ante la Dian, sino por el proyecto de Ley que busca hacer obligatoria la publicación de los documentos.
Sin embargo, pese a esto, no todos los actuales líderes de las carteras del ejecutivo quisieron publicar su declaración de renta. Para este ejercicio, tres ministros no entregaron su correspondiente declaración vigente, a pesar de la petición por varias semanas que hizo este medio.
El primero es el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien antes de llegar a manejar este sector estratégico en los planes del Gobierno, fue por 15 años el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). A parte de su trabajo en la representación gremial y como miembro en juntas directivas, ha estado vinculado a empresas de exportaciones de flores y servicios logísticos.
Otra ministra de la que no se pudo obtener su declaración de renta es la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. La funcionaria viene de ser la presidenta de Asomovil desde 2014, con una pausa para su campaña a la Gobernación de Cundinamarca, aunque su trayectoria política ha sido reconocida desde hace más de tres décadas, pasando por varios procesos electorales.
La tercera de los miembros del gabinete de los cuales no pudimos obtener su declaración de renta fue la ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien fue una de las principales escuderas del presidente Duque en campaña, y quien también es reconocida por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, gobierno durante el cual se desempeño como secretaria de la Presidencia.
Hay que decir que el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, no entregó su declaración de renta, pero la declaración de bienes que presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública está colgada en la página web del Ministerio de Salud. Por eso, aunque fue incluido en este análisis, cabe decir que Uribe sigue pendiente el cumplimiento de la directriz presidencial que, de cualquier modo, es voluntaria.
Orlando Santiago, gerente de Fenix Valor, resaltó la buena respuesta de los funcionarios al pedido de LR y agregó que “esta es una conducta que se debe adoptar para demostrar la legalidad de los funcionarios”.
