Sábado, 23 de Noviembre del 2024 
Una corte judicial de West Palm Beach, en el sur de la Florida, ha condenado este martes a diez años de prisión al venezolano Alejandro Andrade, extesorero de la República y cercano colaborador de Hugo Chávez, por los delitos de blanqueo de capitales y sobornos millonarios durante su gestión, comprendida entre los años 2007 y 2011. Andrade, teniente retirado del ejército que acompañó a Chávez en su levantamiento militar de 1992, se había declarado culpable de los cargos en el proceso judicial. Se le acusa de haber lavado 1.200 millones de dólares provenientes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y del Banco de Desarrollo Social (Bandes), dos de las palancas por excelencia del chavismo para expandir la influencia de la revolución bolivariana allende las fronteras venezolanas.
Durante la audiencia, el exfuncionario y empresario había declarado al juez Robin Rosenberg que asumía “plenamente la responsabilidad por la conducta de la cual me he declarado culpable (…) Como Tesorero de la Nación tomé decisiones desacertadas que hoy me pesan de todo corazón. Tengo un gran respeto por el gobierno de los Estados Unidos y asumo la responsabilidad de mis actos. Estoy convencido de que he tomado la decisión correcta”.
Andrade ha decidido colaborar con las autoridades acogiéndose a un arreglo judicial que le aligere la carga de la pena. Todo parece indicar que seguirá colaborando con las autoridades del país norteamericano. Fuentes judiciales aseguran que la justicia estadounidense investiga una tupida red de corrupción de antiguos funcionarios chavistas que tienen grandes inversiones en el estado de Florida, que se habrían beneficiado del control cambiario vigente en Venezuela en un momento en el que los precios del petróleo cotizaban en máximos históricos.
El extesorero, junto a otros funcionarios chavistas y hombres de negocios que han emergido en el tiempo reciente, forma parte de una comentada leyenda de corrupción y blanqueo de capitales vinculada a un estamento social denominado popularmente “la boliburguesía”.
La justicia estadounidense ha formalizado acusaciones contra Raúl Gorrín, dueño de Seguros La Vitalicia y hoy accionista de la televisora Globovisión, y Gabriel Jiménez Aray, antiguo propietario del Banco Peravia. También han sido acusados Francisco Convit, Abraham Ortega, Carmelo Urdaneta, Abraham Shiera, José Vicente Amparam Cróquer y Mathias Krull, el único que ha sido apresado y ha confesado hasta el momento.
Tras un prolongado silencio ante el desarrollo de este proceso, los integrantes del régimen bolivariano finalmente se han pronunciado con el objeto de solicitar medidas para sancionar a Alejandro Andrade: el fiscal general, nombrado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, declaró que investigarán a Andrade bajo los cargos de “peculado doloso propio, legitimación de capitales, desvío de fondos a la banca privada y concierto de funcionario con contratista”.
